Desde 2012, la Constitución mexicana reconoce el derecho humano al agua, lo que significa que todas las personas en el país deberían poder acceder, de forma suficiente, limpia y asequible, al agua en sus hogares. Sin embargo, la realidad dista mucho de lo que dicta la ley. Para millones de personas, abrir la llave y esperar que salga agua es un acto de fe. No encontrar ni una gota ya no es una excepción, sino parte de la vida cotidiana.
El Monitor de Sequía en México, elaborado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), reporta que al 30 de abril de 2025, casi la mitad del país (46.5%) se encuentra en algún grado de sequía, desde moderada hasta extrema. En el norte, en estados como Chihuahua, Sonora y Sinaloa, se vive la sequía más severa. Y en el centro y sur, las zonas con sequía moderada siguen creciendo.
Sin embargo, el problema del agua no es solo climático. Uno de los factores más graves es la mala distribución y el desigual acceso al agua. El caso del juicio de inconformidad 49/2014 lo muestra claramente. Una vecina de Xochitepec, Morelos, solicitó el contrato para recibir agua potable en su casa, pero se lo negaron porque no pudo comprobar que era dueña del inmueble. Después de varios recursos legales, un tribunal ordenó que se le garantizara el acceso al agua.
Las autoridades dijeron que ya se había cumplido su derecho porque le instalaron la toma de agua. Pero ella siguió sin suficiente suministro: solo recibía agua los lunes, de 9 a 12 del día. No había pipas ni apoyo adicional, y eso no alcanzaba ni para llenar un tinaco. Mientras tanto, a solo 500 metros de su casa, en una colonia más acomodada, los vecinos tenían agua las 24 horas.
Ella alegó que esa diferencia no era justa, y tenía razón. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda al menos 50 litros de agua al día por persona. En su casa vivían cuatro personas y lo que recibía no era suficiente. La Suprema Corte de Justicia le dio la razón: dar agua solo unas horas a la semana no cumple con el derecho humano al agua. Mucho menos si otras colonias sí tienen agua constante.
Estos problemas no son nuevos, y deberían haber sido atendidos con una nueva Ley General de Aguas, como lo ordenó la reforma constitucional de 2012. Pero, increíblemente, seguimos usando una ley antigua, que fue aprobada en 1992, cuando ni siquiera se reconocía el agua como un derecho humano.
Llevamos más de 12 años sin una ley que garantice de verdad el derecho al agua. El artículo 4º de la Constitución es claro: “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. Pero ese derecho no se puede ejercer plenamente sin reglas claras: ¿quién lo garantiza?, ¿cómo?, ¿con qué presupuesto?, ¿y qué pasa si alguien lo niega?
A nivel internacional ya se han establecido principios que podrían guiarnos. Uno de ellos es el principio in dubio pro natura, aprobado en la Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) de Rio de Janeiro (2016). Este principio dice que, en caso de duda, toda decisión debe tomarse favoreciendo al medio ambiente, eligiendo siempre la opción
menos perjudicial. Si una acción puede causar daño desproporcionado al medio ambiente, simplemente no debe hacerse.
Sin embargo, si necesitamos una ley que priorice el uso doméstico y comunitario del agua; garantice el acceso para quienes más la necesitan; sancione a quienes acaparan o contaminan el agua. Asegure una distribución justa, tanto para las personas como para las comunidades.
El derecho al agua no puede seguir siendo una promesa escrita en papel mientras millones de personas en México viven con sed o incertidumbre. Es hora de contar con una nueva Ley General de Aguas. Una ley justa, moderna y con enfoque social, que cierre la brecha entre dos México: el que siempre tiene agua, y el que solo la ve caer un día a la semana. El agua es vida, y sin acceso justo al agua, no hay justicia posible.