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La flamante presidenta del Poder Judicial de Tlaxcala, Anel Bañuelos, debe algunas explicaciones en torno a la condición laboral de Daniel N, quien fue detenido y está indiciado por delitos contra la salud y de trata de personas, pues se asoman aspectos que podrían evidenciar contubernio con la dirigencia del Sindicato 7 de Mayo.

 

Los cuestionamientos están fundados no sólo sobre el “permiso laboral” que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) concedió al empleado que no laboraba precisamente en ningún sitio de la estructura judicial, sino por la condición de “comisionado” en el propio sindicato.

 

Debe explicar la presidenta de TSJE porqué Daniel, hermano de la secretaria general del sindicato de burócratas del estado de Tlaxcala, Guadalupe Erazo Rodríguez, hijo de la y el exlideres del mismo, obtuvo la aprobación para ser comisionado sindical si el acusado no es parte del comité directivo, pues al no ser parte oficialmente de la dirigencia y no debería gozar de esa prebenda laboral.

 

No es que la presidenta de Poder Judicial tenga responsabilidad en la vida interna sindical, pero como titular del TSJE y Consejo de la Judicatura, si la tiene administrativa, donde también surgen cuestionamientos sobre las ventajas salariales del hermano de la lideresa del Sindicato 7 de Mayo.

 

Por eso piden explicaciones no sólo empleados del Tribunal y de la disidencia sindical, sino los ciudadanos tlaxcaltecas que perciben complicidades entre dichos entes públicos que dan ventajas a ciertos empleados y adivinan favores entre sindicato y altos funcionarios.

 

Lo que sí se debe reconocer a Anel Bañuelos es que, como presidenta del Poder Judicial, pudo y debió saber la resolución del juez de control para liberar la orden de aprehensión contra el presunto narco satánico y abusador de menores, y no le dio el “pitazo”.

 

Otro que debe explicaciones, aunque la esperanza es menor, es el Secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Perea Marrufo, cuya dependencia tiene la responsabilidad de “certificar” a los elementos policiacos estatales y municipales, pero que se ha puesto tan exigente que está dejando a los municipios sin policías.

 

Y es que ya son reiteradas las quejas de varios ayuntamientos que al cumplir con la exigencia de ley de enviar a los elementos policiacos a realizar sus exámenes de control y confianza, la mayoría reprueba con argumentos muy tajantes y en algunos casos sin justificación clara sobre los motivos o insuficiencias de la evaluación.

 

“De 10 policías que enviamos, pasa uno”, o “un elemento que lleva más de 15 años de servicio, resulta que fue reprobado”, así expresan sus quejas funcionarios y alcaldes que por razones obvias piden el anonimato, incluso argumentan que la prueba del polígrafo es un indicador que está considerado del pasado.

 

“Nos están dejando sin personal para brindar la seguridad pública en nuestros municipios”, pues la severidad en la evaluación hace que deban despedir a los policías, y sin oportunidad de contratar a otros con experiencia o la certificación que exige la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

 

¿Por qué tanto policía reprobado? ¿realmente está bien aplicado el examen de control y confianza? ¿quieren desde la SSC dejar desprovistos de policías a los municipios y luego proveerlos con sus recomendados? ¿reprueban elementos sólo de ayuntamientos donde no han podido imponer a los directores de seguridad pública?

 

Son algunas de las dudas que tienen alcaldes, quienes quisieran una explicación amplia del marino Perea Marrufo, ya que hombres y mujeres policías también han denunciado que “en la Secretaría piden hasta 7 mil pesos para pasar el examen de control y confianza”.

 

Tal vez eso explique lo que decía una funcionaria municipal a esta columna: “tenemos un policía señalado de corrupto y por lo tanto no confiamos en él, con el examen esperábamos tener el pretexto para despedirlo, pero fue el único que sí aprobó en la SSC”.

 

¿Corrupción, ineficacia o exageración al reprobar, mala fe o imposición velada? Es lo que piden que explique Marrufo.

 

Los nimios casos de injusticia gubernamental que ha abanderado con vehemencia se aplauden, porque su intención de crearse la imagen de “Robin Hood” político ha resultado  en beneficio de algunos ciudadanos.

 

Bueno es que no pueda contener su altruismo y solidaridad, pero así como acusa corrupción, debería dar algunas explicaciones sobre las cuentas públicas que fueron reprobadas en su gestión como alcalde, o las de su progenitora o de su hermano.

 

Que explique como es que fueron aprobadas las cuentas publicas de Texoloc en las administraciones en las que su madre y su hermano fueron alcaldes y él, Miguel Covarrubias, era diputado local, entonces señalado por interceder por sus familiares para subsanar las observaciones hechas sobre malos manejos del presupuesto público.

 

También debería explicar porqué la misma representante de su mamá, la diputada Maribel Cervantes, en evento oficiales, también se apersona como “representante del licenciado Miguel Ángel Covarrubias”, como atestiguamos en el acto inaugural de la Copa Maxixcatzi.

 

Que explique porque “se adueña” de la oficina de dicha diputada, que explique si es el diputado 27 en el Congreso local.

 

Sí sería el 27; porque sabemos que ya hay una diputada 26.