En el primer trimestre de 2025, ACNUR (La Agencia de la ONU para los Refugiados) informó que por cuestiones financieras y de reestructuración cerraría cuatro oficinas en México, lo que corresponde a una reducción del presupuesto de un 60% para el apoyo a refugiados, solicitantes y desplazados forzados. Esta decisión supone un retroceso y una violación al Derecho al Refugio. Un derecho que está contemplado en instrumentos universales como la Declaración de los Derechos Humanos 1948, en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967. En México este derecho se enmarca en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como en la Ley de Migración. Estos dispositivos jurídicos-normativos definen que un refugiado es una persona que se encuentra fuera del país de su nacionalidad o de residencia habitual debido a fundados temores de ser perseguido (a) por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión pública o pertenencia a un determinado grupo social y que no pueda, a causa de dichos temores, acogerse a la protección de tal país. En el contexto latinoamericano, con la Declaración de Cartagena 1984, se amplió la definición de refugiado para incluir a aquellas personas que abandonan sus países de origen con el fin de proteger su vida, seguridad o libertad, cuando hayan sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos y violación masiva de los derechos humanos.
Según el Informe semestral de tendencias de 2024 que emite el ACNUR, están contabilizadas 122,6 millones de personas desplazadas en el mundo debido a persecuciones, conflictos, violencia, violaciones de derechos humanos, entre otros acontecimientos que obligan a las personas a dejar sus países de origen. A esta cifra habría que aumentar todas aquellas personas que están en un limbo al no ser contabilizadas ni reconocidas por ningún órgano internacional. Pues muchos refugiados no saben que lo son o que reunen el perfil para aplicar a dicha solicitud, simplemente por que salen de sus países en la búsqueda incansable de una vida más vivible que reduzca el riesgo real de la muerte inminente. Para aquellos cuyas vidas están suspendidas en los márgenes, seguir viviendo significa salir de su país de origen. Vivir es estar en movimiento, es buscar una vida más respirable y, al mismo tiempo, abandonar una vida que ya no garantiza las condiciones mínimas de sobrevivencia y existencia.
Además, el informe focaliza los países que han recibido mayores solicitudes de refugio en el mundo. Estados Unidos encabeza la lista. México se encuentra en la escala diez. Según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), en 2024 se registraron 80 mil solicitudes, el perfil de los solitantes provenían principalmente de honduras, Cuba, Haití, El Salvador y Venezuela. Una región a la que significativamente le ha afectado esta distribución diferencial de la desposesión-política y globalmente inducida. El reparto, el acceso o la posibilidad de acceder a los recursos ha sido sistemáticamente desigual. Los efectos de las políticas neoliberales globales profundizaron una situación económica, política y social de una región que históricamente ha sido convulsa.
Si bien, las causas de expulsión en la década de 1970 respondían claramente a razones políticas, las causas actuales de expulsión se complejizan al interactuar con dinámicas de expulsión anteriores. Los éxodos que se originaron entre las décadas de 1970, 1980 y la primera mitad de la década de 1990, pese a que correspondían a razones políticas regionales, pues se gestaron a causa de la crisis política del conflicto armado, no se reducían exclusivamente a estas causas. En este tiempo, la migración de la región también fue consecuencia de la precaria situación política y económica que dejaron los estragos del conflicto. En esta lógica, a las causas que originalmente eran políticas se iban ensamblando otras causas de tipo estructural-económica, tales como: la recesión económica, la pobreza, el desempleo, la marginalidad, la exclusión, etcétera, que se profundizaron con la instauración del nuevo orden económico global. En todo caso, los diferentes flujos, tipos y modalidades de migrantes se suceden uno a otro y se encadenan a una vorágine imparable. Actualmente, a las causas de expulsión que tiene que ver con las afectaciones sistemáticas a causa del neoliberalismo en la región, se suman los desastres naturales [como el huracán Mitch en 1998 que afectó principalmente a Honduras y Nicaragua, hasta los huracanes Eta y lota en 2020 que afectó a Honduras y Guatemala], la pérdida del hábitat que tiene que ver con los proyectos exportadores, el extractivismo, la instauración de multinacionales que han provocado que muchas personas pierdan su hábitat o por la violencia de las pandillas transnacionales.
Indudablemente, el cierre de oficinas del ACNUR está concentrada en una región estratégica. Se trata de un territorio donde existen todas las formas de desplazamientos hasta ahora teorizadas en la sociología de las migraciones. México: un país de expulsión de solicitantes de refugio, país de tránsito, país retén, país-frontera, país de destino, país de retorno forzado, país de deportación, país de espera e (in)movilidad.
En contextos de movilidades, migraciones y desplazamientos ¿Los discursos humanitarios y los discursos securitarios son antagónicos? “Una grave crisis de financiamiento” informaban los funcionarios del ACNUR a los medios informativos cuando se les preguntaba sobre la decisión del cierre de cuatro oficinas que representan puntos clave para el tránsito migrante y la atención humanitaria. Desde una mirada crítica, más bien, debemos decir que crisis es una narrativa que se reprica masivamente para advertir no solo sobre una emergencia, una amenaza o una anomalía, sino que justifica el despliegue de medidas emergentes y arbitrarias por parte de los Estados-nación. En temas de movilidad humana asociados a las migraciones ilegalizadas y solicitudes de refugio, su uso sirve para autorizar medidas de excepcionalidad respecto a la gestión, el control o vigilancia de las migraciones y las fronteras. Al estar asociada a un vocabulario catastrofista, el término alude a una amenaza “incontrolable” “intolerable” e “invasiva”, en el mayor de los casos “violenta”. Desde este discurso se busca justificar intervenciones estatales, militares y securitarias para afrontar un peligro que amenaza para el “bienestar” público, el orden público y la seguridad nacional.
En este punto habría que entender la operatividad del discurso humanitario adscrito a un contexto securitario. Es decir, un contexto donde la migración y el derecho de protección internacional es vista como un asunto de seguridad nacional, más que como un derecho humano, por representar una amenaza hacia los países hegemónicos. En esta lógica, estos países despliegan la gestión del control migratorio hacia los países del sur, con el fin de taponear los flujos migratorios desde su lugar de origen, los corredores de tránsito, hasta las líneas fronterizas. Estos procesos han traído muchas consecuencias, entre ellas, el aumento de detención a migrantes, el despliegue de reforzamientos de control, el aumento de la criminalización, el aumento los mecanismos de vigilancia para contener su ingreso, incluso inferir, vulnerar y violentar el derecho humano de cualquier persona a solicitar protección internacional o de transitar libremente.
En este caso, la llamada crisis presupuestal del ACNUR debe ser problemarizada en el contexto securitario del régimen global de fronteras que además se potencia con la política migratoria criminalizante del segundo arribo presidencial de Donald Trump. Justamente, el 20 de enero de 2025 dentro de las órdenes ejecutivas que firmó, además de la revocación del parole humanitario, la suspensión de la aplicación del CBP One, la reanudación de los Protocolos de Protección Migratoria, la negación al derecho de la concesión de ciudadanía estadounidense a las personas nacidas de padre o madre que no se encontraban en aquel territorio de manera regular, la evocación a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 con el fin de endurecer las deportaciones y reducir la migración procedente de América Latina y el Sur Global, Donald Trump ordenó la suspensión del programa de admisión de refugiados en EEUU, y con esta medida, una pausa general en el financiamiento internacional, con el fin de revisar si estas “ayudas externas” se alinean a los intereses de la política migratoria en turno. Sin duda, el despliegue de estas medidas ha agudizado significativamente la violación de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad e in(movilidad), además de pausar procesos.
Con lo anterior, se observa que los idearios del discurso de protección humanitaria está imbricado con los procesos de securitización y externacionalización del control migratorio. Se trata de un humanitarismo que, de igual manera, somete a diferentes filtros de control gubernamental a las personas, con el fin de detectar de manera excepcional a los legítimos merecedores de acceso a la protección estatal o, en su caso, a quienes no reúnen estos perfiles, los construyen como amenazas potenciales para la seguridad o el orden público de su nación. De este modo, la humanitarización como dispositivo gubernamental, además de identificar a las víctimas, con legítima soberanía decide en qué momento suspende o potencia la ayuda y quién y en qué momento es merecedor al reconocimiento de protección internacional.
El humanitarismo securitario desplegado por los Estados y los actores internacionales gestiona vidas que no están del todo aseguradas. Lo que significa que esta ayuda humanitaria y derecho al reconocimiento internacional no está concedida en cuestión de la necesidad o la condición, sino en términos de arbitrariedad y de control que opera desde la excepción. Bajo esta lógica se incribe la suspensión de apoyos y la eliminación de programas de ayuda internacional desde donde opera la política migratoria de Trump. Estas decisiones gubernamentales no solo vulneran los procesos de solicitud de refugio que han quedado varados o indeterminados, sino que, en términos amplios, la negación al refugio es en sí mismo una violación sistemática de los derechos humanos que atentaría con los 122,6 millones de personas desplazadas en el mundo con perfil de refugiado que ha contabilizado ACNUR, hasta 2024. Una cifra que va en aumento y que esta conformada por los indeseables, a quienes les han negado el reconocimiento de protección internacional y han sido expulsados; con los pacientes de Estado, quienes esperan indeterminadamente las respuestas a sus solicitudes de refugio, aún sin garantías de respuestas positivas; y con los nadies, quienes no forman parte de ninguna estadística oficial.
Tlaxcala, Tlaxcala, jueves 05 de junio de 2025.