El juicio oral penal es un pilar fundamental del sistema de justicia penal acusatorio, cuyo objetivo es garantizar procesos justos, transparentes y equitativos. En este contexto, los derechos humanos juegan un papel clave para proteger, no sólo al acusado, sino también y en igualdad, a las víctimas y ofendidos, asegurando que el Estado administre justicia de manera imparcial y conforme a la ley.
El marco jurídico de protección a los derechos humanos de toda persona en el procedimiento penal, lo encontramos en:
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 21).
- Tratados Internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula el sistema penal acusatorio.
Como es sabido, el juicio oral penal, con algunas excepciones, debe ser público para garantizar transparencia; las partes intervinientes, ambas (acusación y defensa), tienen igualdad de oportunidades para presentar pruebas, debiéndose realizar el juicio en el menor tiempo posible, evitando dilaciones injustificadas; siendo en la medida de lo posible, interrumpido para mantener su coherencia, estando en todo momento presente el Juez para valorar directamente las pruebas y testimonios; es decir, deben prevalecer los principios del sistema oral penal, la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
Así mismo, durante todo el procedimiento, el órgano juzgador, tiene la ineludible obligación y responsabilidad para garantizar y velar por los Derechos Humanos en igualdad de importancia de la víctima u ofendidos y del acusado sin jerarquías.
Por lo que hace a la víctima u ofendido en un juicio oral penal, estos tienen el derecho a contar con asesoría jurídica gratuita y especializada durante todas las etapas del procedimiento penal, con lo que se busca, garantizar que la víctima esté debidamente informada, protegida y pueda participar activamente en el proceso penal, siendo clave para el acceso a la justicia y la reparación del daño.
Esta disposición constitucional tiene por objetivo asegurar que la víctima no se encuentre en desventaja frente al acusado, y tenga entonces, el acompañamiento legal necesario para ejercer sus derechos de forma informada y efectiva.
Este derecho no solo fortalece el principio de igualdad procesal, sino que también representa una herramienta indispensable para garantizar una justicia penal más humana, incluyente y centrada en la dignidad de las personas que han sido víctimas de un delito.
En el mismo rango de importancia a los derechos de la víctima u ofendido, tenemos en el marco Constitucional los derechos del acusado, pues toda persona tiene el derecho humano a presumírsele inocente hasta que se demuestre lo contrario en un debido proceso, en el que se le informe de los cargos en su contra, y se le garantice el acceso a un juicio justo con respeto a las garantías procesales y el desahogo de pruebas obtenidas sin coacción ni tortura.
Teniendo igual importancia el derecho a una defensa adecuada; la cual implica no solo la presencia de un abogado, sino que este debe tener la preparación, independencia y tiempo suficientes para estudiar el caso, preparar estrategias, interrogar testigos, objetar pruebas, presentar argumentos jurídicos y ejercer cualquier otro acto procesal en favor del imputado o acusado; sólo así se puede hablar de una defensa real, eficaz y no meramente formal.
La adecuada defensa en el juicio oral penal no solo es un derecho fundamental del imputado o acusado, sino una condición esencial para el funcionamiento justo, transparente y democrático del sistema penal. Sin ella, no puede hablarse de verdadero acceso a la justicia.
Siendo entonces que, la importancia de los Derechos Humanos en el Juicio Oral Penal, estriba en garantizar justicia equitativa para todas las partes, evitar errores judiciales y condenas injustas, protegiendo a los justiciables contra el abuso de poder y la corrupción, fortaleciendo así la confianza en el sistema de justicia penal; derechos humanos que, deben guiar todo el proceso penal, desde la investigación hasta la sentencia, asegurando que la justicia sea impartida de manera objetiva, imparcial, equitativa y con pleno respeto a la dignidad de todas las personas involucradas.