Hace unos dias se viralizó en redes sociales y mediaticamente la reciente omisión en la captura de Julio César Chávez Jr., donde se evidencia una problemática estructural en el sistema de justicia mexicano, donde la aplicación de la ley parece estar condicionada por factores ajenos a los principios de igualdad y legalidad. Desde una perspectiva jurídica, la disparidad en la actuación de las autoridades frente a individuos con diferentes capitales sociales evidencia una vulneración del Estado de Derecho, donde la justicia no es imparcial, sino selectiva y subordinada a intereses particulares.
El caso del boxeador, conocido por su linaje y conexiones mediáticas, pone en evidencia una problemática de doble estándar en la administración de justicia. La presunción de inocencia y el debido proceso, pilares fundamentales del sistema jurídico, parecen erosionarse ante la posibilidad de que el poder mediático y las relaciones de favores influyan en la decisión de omitir acciones de persecución penal. La impunidad que se deriva de esta situación no solo socava la confianza en las instituciones, sino que también fomenta una percepción de que ciertos actores sociales están por encima de la ley, en contravención con los principios constitucionales de igualdad y justicia.
Desde una óptica jurídica, la protección de derechos fundamentales, como el derecho a la salud mental, no puede ser utilizada como pretexto para justificar la omisión o la evasión de responsabilidades legales. La ley debe aplicarse con igualdad y sin excepción, garantizando que las autoridades actúen con objetividad y sin prejuicios. La indulgencia selectiva en casos de personas con privilegios socioeconómicos o mediáticos contribuye a la perpetuación de la impunidad y a la deslegitimación del Estado frente a la ciudadanía.
En términos de doctrinas constitucionales, este fenómeno refleja una crisis en el paradigma de justicia equitativa, pues el sistema evidencian un sesgo que favorece a ciertos grupos, socavando el principio de igualdad ante la ley. La justicia, en su esencia, debe ser ciega y aplicar las normas con independencia del origen, apellido o estatus social del imputado. La existencia de un doble estándar en la persecución penal, como en el caso de Chávez Jr., implica una vulneración al Estado de Derecho, debilitando su legitimidad y fomentando una cultura de impunidad que compromete el fortalecimiento democrático.
Por tanto, si el Estado permite que individuos con privilegios eludan la justicia, no solo se mina la confianza en las instituciones, sino que también se envía un mensaje nocivo a la sociedad: que la ley es flexible y que ciertos actores están por encima de ella. La justicia no puede ser un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos. La verdadera fortaleza del Estado reside en su capacidad de aplicar la ley de manera imparcial, sin distinciones ni favoritismos, garantizando así el respeto por los principios constitucionales y el fortalecimiento de la justicia como pilar fundamental del Estado democrático de Derecho.