• Mario Alberto Macías Palma
LA PLUMA POR LA ESPADA
 
El show debe continuar.
Esa sería la frase que mejor define la calificación de las cuentas públicas de los poderes del Estado, de los niveles de gobierno y órganos públicos autónomos.
Los parámetros para aprobar o desaprobar la aplicación y manejo del presupuesto público, se modifica o ajusta a según el parecer de cada grupo político, a voluntad de los legisladores locales y a las ocurrencias de diputados Y/o fiscalizadores en turno.
Hoy la LXV legislatura ha rebajado los porcentajes de observaciones sobre el gasto que realizan los ayuntamientos, que no es el mismo rasero para Poderes y dependencias de gobierno; antes, hace no mucho tiempo los había elevado.
Asimismo dan y quitan facultades al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) de la misma manera se endurecen o suavizan las leyes penales, incluso se han creado instituciones con la hipócrita denominación “Anticorrupción”.
Es precisamente la “corrupción” la que permite que se aprueben las cuentas públicas y evita que los responsables de malversar el erario evadan sanciones que culminen en cárcel y/o el regreso del dinero perdido.
La impunidad en primer plano es de los funcionarios del Ejecutivo, que jamás han sido ni siquiera procesados, sólo despedidos en el mejor de los casos. ¿O usted querido lector sabe de nombre alguno de secretario que haya sido sancionado?.
Y que me dice de los diputados; el Poder Legislativo se autofiscaliza y jamás se ha sabido de ninguna observación, ¡siempre salen inmaculados!. Vaya que es increíble el grado de honestidad y eficiencia en el gasto.
A manera de anécdota, recordemos cuando el diputado del Verde Gregorio Cervantes, traía una pugna con el entonces titular del OFS, Luciano Crispín Corona Gutiérrez, y algunos diputados lo quisieron destituir, pero la respuesta el auditor superior -palabras más palabras menos- fue contundente:
 
“Conmigo no se metan, yo les sé muchas cosas a ustedes -los diputados- y tengo pruebas…”. Y lo dejaron en paz.
El punto es que además de que se concentran las sanciones en los presidentes municipales y sus tesoreros, incluso la atención de la opinión pública es sobre el peculado o el daño patrimonial, pero no sobre funcionarios del Ejecutivo, del Judicial y menos del Legislativo.
Ahora el responsable de la gobernabilidad ha tomado las cuentas públicas como la mejor arma de chantaje electoral, ya ni siquiera como extorsión económica como se estilaba hace no mucho tiempo, cuándo se repartían el desfalco y borrón y cuenta nueva.
No. Hoy desde la Secretaría de Gobierno se les amaga a los ediles para que apoyen o dejen de apoyar a candidatos a las alcaldías y diputaciones, de acuerdo a los intereses del titular de la dependencia, que obviamente habla en nombre de su jefa la gobernadora.
Así lo narran, a toro pasado, los expresidentes municipales que fueron víctimas del chantaje electoral, incluso algunos para amainar sus propias campañas.
Fueron siete alcaldes que en su momento obtuvieron un Amparo de la justicia federal, luego de extenderles sobre el escritorio del secretario de gobierno un expediente penal perfectamente armado por malversación de fondos.
De Teolocholco, de Antonio Carvajal, de Huamantla, de Contla, de Chiautempan, cuyo caso ni siquiera amenazaron al presidente Gustavo Jiménez, sólo advirtieron a su hijo Juan Carlos que debía ganar la morenista Blanca Ángulo, pues el secretario Luis Antonio Ramírez sabía que estaban traicionado a Morena y apoyaban al candidato del PRIAN.
El amago era claro: “ya vieron lo que le pasó al presidente de Zacatelco”, a la postre detenido y encarcelado.
Hildeberto Pérez, al financiar la campaña de su hijo, fue procesado por una nimia cantidad de desvío de recursos; el cachorro fue ejemplo para inhibir la rebeldía electoral, aunque también pagó por retar al secretario de gobierno con un grosero “tú me la pelas”.
Así es que, con la marginal operación de los diputados para negociar la aprobación o reprobación de cuentas públicas municipales, porque la lealtad del fiscalizador superior es para la gobernadora, el secretario de Gobierno ha cancelado de facto las facultades legislativas y el control está en sus manos e intereses electorales.
Por tanto, la aprobación o no de cuentas públicas, y en su caso sanciones, será selectiva o simplemente puro show.
Homero Meneses se las quiso dar de muy negociador u operador político, pero al no poder conjurar la manifestación de maestros de la sección 55 del SNTE en protesta por la inseguridad del sector magisterial ante padres de familia, tutores y los mismos alumnos, quiso evadir su responsabilidad diciendo que el asunto “no era tema educativo”.
El secretario de Gobierno hubo de recordarle que están en el mismo barco, o sea en el mismo gobierno, y que cualquier tema debe atenderse de manera integral, en conjunto para atacar todas las causas y lograr una solución de fondo y duradera.
En este contexto, confió a esta columna el propio secretario de educación, que en el Congreso local hay un diputado, al que “no quiere quemar”, que se resiste a legislar sobre un protocolo de protección a los profesores.
Dice el titular de SEPE que desde 2022 envío una iniciativa de ley para que se brinde seguridad a maestras y maestros en riesgo de ser violentados por padres, tutores o hasta alumnos, ya que cada vez aumenta su vulnerabilidad ante éstos, pues en dos años subió el índice de agresiones de 60 a más de 90 casos. Grave.
“Antes pedías al alumno que trajera a su papá o mamá para acusar su comportamiento, ahora mejor dices, no que no vengan tus padres no vaya a ser que resulte yo (el maestro) siendo el reprendido”, reflexionó el secretario Meneses.
Si Andrés Manuel, -aquel que ya no quiere que se le diga Andy-, vino a Tlaxcala a reunirse con “quienes trabajaron con su papá y su hermano”, incluso con Clara Brugada, que fue el grupo del extinto Joel Molina, debe tomarse en serio la opción de que sea hombre el candidato de Morena al gobierno en 2027.
Aunque se considera que es un grupo desbalagado, hay quien puede aglutinarlos, organizarlos y llevarlos ante quienes toman las decisiones. Sí, ese personaje que ya tiene candidata en la senadora por si es mujer; empero si es hombre ordenará a ese grupo respaldar a Oscar Flores.
Aunque de otro grupo político, no hay que descartar a Rafael Minor Molina, quien ya fue precandidato morenista en el 2020.