La justicia se imparte, pero también se aprende, se enseña, se explica y se comparte. El acceso a la justicia no empieza en un juzgado ni termina con una sentencia. Empieza cuando una persona conoce sus derechos y confía en que serán respetados. Y eso se logra con conocimiento, formación y cercanía.
Durante años, una de las críticas más frecuentes hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido su lejanía con la ciudadanía. Se dice —y con razón— que usa un lenguaje técnico, poco claro que manejan los especialistas en la materia y que muchas veces sus decisiones no se entienden ni se sienten en la vida cotidiana del pueblo.
Para responder a estas críticas, desde hace más de una década la Corte ha desarrollado estrategias para acercarse a la gente: cursos para la ciudadanía y sentencias en lenguaje claro. En ese esfuerzo han sido clave tres instituciones: el Centro de Estudios Constitucionales, la Escuela Federal de Formación Judicial y las Casas de la Cultura Jurídica.
Aunque cada una ha hecho aportes importantes, han trabajado de forma aislada, lo que limita su impacto. Por ejemplo, el Centro de Estudios no siempre investiga los mismos temas que la Escuela Judicial enseña. Falta coordinación.
Este es el momento ideal para reorganizar y articular su trabajo. La nueva Corte tiene la oportunidad de impulsar un cambio que permita que estas tres instituciones trabajen juntas, como parte de una estrategia común.
Tres instituciones con experiencia
La Escuela Judicial, creada en 1977, tiene más de 47 años formando a jueces, juezas y personal judicial. Hoy también capacita a profesionales del derecho fuera del Poder Judicial Federal.
Las Casas de la Cultura Jurídica nacieron en los años noventa como archivos judiciales y desde 1998 promueven el conocimiento del derecho. Hay 35 en todo el país.
El Centro de Estudios Constitucionales, fundado en 2014, investiga temas de derechos humanos, Constitución y justicia. Sus materiales sirven para capacitar y explicar asuntos complejos de forma accesible.
La recomendación con dos objetivos
Ojalá las personas tomadoras de decisiones en este caso puedan considerar la unión y coordinación de estas instituciones con dos metas principales:
1. Asignarles funciones complementarias entre sí
· El Centro de Estudios investigaría los temas más urgentes.
· La Escuela Judicial usaría esos temas para capacitar a jueces y personal jurisdiccional.
· Las Casas de la Cultura Jurídica, que podrían llamarse “Casas Jurídicas del Pueblo”, traducirían ese conocimiento a lenguaje ciudadano y lo llevarían a donde más se necesita: barrios, escuelas, pueblos y comunidades.
Podrían organizar talleres, materiales didácticos, videos, obras de teatro, programas de radio en lenguas indígenas e incluso chatbots que resuelvan dudas básicas sobre derechos.
También se propone formar promotores jurídicos comunitarios: personas que orienten a sus vecinos sobre qué hacer en caso de una injusticia.
2. Fortalecer su legitimidad con más diversidad
Además de coordinarlas, es necesario ampliar su visión e incluir voces y temas poco representados:
· Incluir a universidades regionales, interculturales e indígenas en la producción jurídica.
· Abordar temas como justicia fiscal, vivienda, soberanía alimentaria, derecho indígena y derechos de pueblos afrodescendientes.
· Reconocer que México es un país pluriétnico y desigual, y que el sistema judicial debe responder a esa realidad.
Una oportunidad histórica
Esta propuesta no resolverá todos los problemas del sistema judicial, pero abre una puerta necesaria y esperanzadora: la de una justicia más humana, cercana, incluyente y popular.
Una justicia que no solo funcione en los libros y tribunales, sino también en las casas, en los barrios y en las comunidades.
Es la oportunidad para que la Suprema Corte además de hablarle a los jueces o especialistas también empiece a hablar con el pueblo.