Desde 2018, año en que los mexicanos votaron por una nueva historia, el país enfrentó una profunda crisis de desabasto de medicamentos que afectó especialmente a quienes padecen enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, VIH, hipertensión, entre otras. Aunque la administración actual asumió el poder el 1 de octubre de 2024, heredó un sistema con fallas estructurales que han puesto en riesgo la vida de millones de ciudadanos.
Durante el sexenio del 2018 al 2024, el desabasto alcanzó niveles alarmantes. En 2019, en el IMSS, se reportaron 5.04 millones de recetas no surtidas; en 2020, la cifra subió a 15.85 millones, y en 2021 aumentó a 22.06 millones. En 2022, se registraron 12.48 millones, acumulando un total de aproximadamente 50.4 millones de recetas no surtidas durante la pandemia. Aunque en 2023 la cifra bajó a 5.18 millones y en 2024 a 4.52 millones, estos números todavía superan ampliamente los niveles previos a 2020. Datos extraídos del Informe Anual de la Unidad de Evaluación y Seguimiento del Servicio Nacional de Salud y Nutrición, que recopila información sobre la gestión de medicamentos en el IMSS y monitorea la evolución del desabasto en distintos años, junto con estudios de Salud Pública de México (2021).
Este panorama evidencia un aumento considerable en la problemática del desabasto en el IMSS durante estos años, reflejando cómo decisiones como la cancelación del Seguro Popular, la centralización de compras y la eliminación de canales tradicionales de distribución afectaron el acceso a medicamentos. Todo esto disparó una crisis que impacta directamente el derecho a la salud de la población, especialmente en estados como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Veracruz y Tamaulipas, donde los reportes de desabasto y las quejas de los ciudadanos han sido más frecuentes. Datos del portal Cero Desabasto entre 2019 y 2024 indican que en dicho periodo se registraron más de 6,000 reportes finalizados, con las mayores concentraciones en la capital del país, el Estado de México, Jalisco, Veracruz y Tamaulipas, evidenciando que la crisis afecta principalmente a quienes más necesitan atención.
Organizaciones civiles como Cero Desabasto han documentado que estas entidades concentran la mayor parte de las denuncias, siendo Ciudad de México con un 27 %, seguida del Estado de México con 10 %, Jalisco con 9 % y Michoacán con 4 %. En 2020, Puebla reportó 110 casos y Tlaxcala, 23 %, aumento respecto a años anteriores.
A partir de la administración de Claudia Sheinbaum, en octubre de 2024, se han comenzado a observar algunos avances, como la consolidación de compras, que en enero de 2025 alcanzó un 73.2 % del total solicitado (3,649 millones de piezas), generando ahorros aproximados de 30 mil millones de pesos respecto a precios históricos. Además, se anunció una inversión de 213 mil millones de pesos para garantizar el abastecimiento de medicamentos entre 2025 y 2026.
No obstante, en abril de 2025 surgieron irregularidades en las compras lideradas por Birmex, que afectaron alrededor del 6 % de los medicamentos previstos y agravaron la crisis en estados como Veracruz, donde las autoridades locales pidieron gestionar compras propias. Para julio de 2025, se estima que el gobierno adquirió el 96 % de los insumos necesarios para ese periodo, destinando unos 284 mil millones de pesos, y se recibieron más de 416 millones de piezas médicas en los mismos meses, un 60 % más que en períodos previos.
El gobierno también lanzó una megacomprar con un presupuesto de 130 mil millones de pesos para 2025–2026, que incluye 4,454 fármacos, con el objetivo de digitalizar los procesos y reducir la corrupción. Sin embargo, las desigualdades en el país siguen siendo evidentes, pues los estados con mayor incidencia de reportes de desabasto como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Veracruz y Puebla, muestran que millones de mexicanos, especialmente quienes padecen enfermedades crónicas, han sufrido las consecuencias de una serie de errores y fallas en la gestión del sistema de salud.
El desabasto ha obligado a muchas personas a comprar medicamentos con recursos propios, aumentando la brecha social y de salud. Pacientes con cáncer, VIH, diabetes, epilepsia y otras condiciones enfrentaron un escenario de recetas incompletas, tratamientos interrumpidos y trámites legales con amparos para acceder a sus tratamientos. Aunque en la administración reciente se han dado pasos hacia la mejora, los desafíos logísticos, la corrupción interna y la ineficiente distribución aún persisten, afectando directamente la vida de quienes dependen del sistema público.
Organizaciones como Cero Desabasto seguirán vigilando, promoviendo iniciativas de producción local mediante incentivos y fortaleciendo a Birmex. Sin embargo, la solución definitiva requiere un compromiso profundo y sostenido, con participación ciudadana activa y controles transparentes.
La crisis del desabasto de medicamentos en México trasciende lo logístico y lo administrativo; representa una problemática humanitaria que vulnera uno de los derechos fundamentales: el acceso a la salud. Detrás de cada receta no surtida hay una historia de angustia, una familia que lucha por el bienestar de su ser querido, un adulto mayor que confía en su medicina para mantener su dignidad.
Los discursos sobre cobertura universal, compras centralizadas y sistemas eficientes han sido insuficientes frente a una realidad marcada por hospitales sin insumos, farmacias vacías y soluciones que nunca llegan a tiempo. La crisis, que se agrava en la gestión pasada y que aún persiste bajo la nueva administración, evidencia las profundas desigualdades del país: quien puede, recurre al sector privado; y quien no, espera, enferma o muere.
La salud pública exige más que voluntarismos y soluciones improvisadas. Requiere una mirada a largo plazo, transparencia, participación social y, sobre todo, sensibilidad. Cuando el Estado falla en garantizar el acceso a medicamentos, está fallando en su deber más elemental: cuidar a su pueblo.