En el contexto político reciente de México, pocas frases han resonado con tanta fuerza como “Abrazos, no balazos”. Surgida como una promesa de transformación en las políticas de seguridad, esta consigna buscaba reflejar un giro ideológico hacia enfoques preventivos y sociales que abordaran de manera integral las raíces de la violencia. En este sentido, se planteaba como una alternativa al enfoque militarista que predominó en décadas anteriores, proponiendo un camino hacia la reconciliación y la inclusión social. Sin embargo, a casi seis años de su formulación, resulta indispensable cuestionar si estamos frente a una política pública sólida y comprometida o si, por el contrario, estamos ante un mero recurso discursivo que se mantiene vigente más por razones de conveniencia política que por evidencias de resultados concretos. En aras de una reflexión profunda, es fundamental analizar la coherencia entre el discurso oficial y las acciones emprendidas, así como los impactos alcanzados hasta la fecha.
En este sentido, el lema “Abrazos, no balazos” implicaba una ruptura con el pasado, específicamente con la estrategia de “guerra contra el narcotráfico” que inició en 2006. La intención era establecer un cambio de paradigma, promoviendo la atención social y el fortalecimiento de las comunidades en lugar de la confrontación armada. Sin embargo, la realidad que enfrentamos evidencia que, pese a los discursos oficiales, las Fuerzas Armadas no solo no han reducido su presencia en las calles, sino que han ampliado sus funciones hacia ámbitos que trascienden la seguridad, como el control aduanero, la infraestructura y tareas civiles. Desde esta perspectiva, la contradicción entre el discurso oficial y las prácticas gubernamentales resulta evidente, ya que mientras se proclama una política de paz y reconciliación, en la práctica se mantiene e incluso se profundiza la militarización de la vida pública. Esto revela una disonancia que requiere ser atendida para comprender las verdaderas dinámicas que sustentan la seguridad en México.
En relación con los resultados, los datos y evaluaciones recientes señalan que los niveles de homicidios dolosos, desapariciones forzadas y extorsiones continúan siendo alarmantemente altos. en 2023, estados como Baja California, Guanajuato, Zacatecas y Colima reportaron tasas de homicidio que superaron el promedio nacional, con porcentajes que oscilan entre el 40% y el 70% más altos que en estados con menor incidencia delictiva. Baja California, por ejemplo, alcanzó una tasa de homicidio de 73 por cada 100,000 habitantes, mucho más elevada en comparación con la media nacional de aproximadamente 30. Guanajuato también presentó números preocupantes, con tasas que superaron en un 50% las cifras promedio. Estos datos reflejan la magnitud de la inseguridad que enfrentan varias regiones, poniendo en riesgo la vida de las personas y afectando severamente su bienestar.
La percepción ciudadana respecto a la inseguridad no muestra mejoras sustantivas, e, incluso, en muchas regiones, la autoridad del Estado sigue siendo frágil frente a los grupos criminales. Aunque se han implementado programas sociales dirigidos a jóvenes y comunidades vulnerables, su articulación con una estrategia integral de seguridad ha sido insuficiente, limitándose en muchos casos a esfuerzos aislados que no logran revertir el control territorial de las organizaciones delictivas. La evidencia disponible demuestra que, sin una política coordinada y bien fundamentada, los avances permanecen limitados y, en algunos casos, estancados, lo cual invita a reflexionar sobre la efectividad real de las acciones emprendidas.
Por último, la continuidad del lema “Abrazos, no balazos” en el discurso público del gobierno federal responde, en buena medida, a su fuerza simbólica: ya que proyecta una imagen de un gobierno humanista, que diferencia su enfoque de los gobiernos anteriores. Sin embargo, en el ámbito de las políticas públicas, esta permanencia parece estar más relacionada con la necesidad de sostener una narrativa identitaria que con la generación de resultados verificables. El riesgo es que un lema, por más poderoso que sea desde lo simbólico, se convierta en un mero recurso de autopromoción, en lugar de un motor de acciones concretas y efectivas. La historia política de México muestra que, si las palabras no se acompañan de acciones consistentes y mediables, terminan por ser simples adornos discursivos que ocultan antiguas prácticas y paradigmas obsoletos. Por ello, resulta imperativo transformar los discursos en propuestas políticas sólidas, evaluables y sostenibles que atiendan de manera integral y transversal tanto la prevención social como el fortalecimiento institucional.
En conclusión, el verdadero reto para la seguridad en México no radica en la creación de frases memorables o en la adopción de consignas populistas, sino en la construcción de políticas públicas serias, coherentes y evaluables que puedan garantizar cambios efectivos en la problemática de fondo. Mientras “Abrazos, no balazos” siga siendo más un lema que una estrategia concreta, el país permanecerá atrapado entre la esperanza de la paz y la persistente realidad de la violencia, necesitando, con urgencia, acciones con sustento y compromiso que permitan avanzar hacia una seguridad real y duradera.
Pero, si el gobierno de Claudia Sheinbaum adoptara y promoviera el lema de "Abrazos no balazos" en México, país azotado por una de las tasas de homicidio más altas del mundo, la reflexión sería doble. Por un lado, este enfoque podría representar una oportunidad para cambiar la narrativa de confrontación y violencia, promoviendo programas de prevención, atención a las causas sociales y promoción del diálogo como herramientas para construir paz. Sin embargo, también implica replantear las estrategias tradicionales y reconocer la complejidad del problema de inseguridad, entendiendo que no basta solo con la buena voluntad, sino con acciones estructurales y políticas públicas efectivas. La verdadera transformación social requiere un compromiso profundo para abordar las raíces de la violencia, incluyendo la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades, más allá de mensajes simbólicos. Solo así México podrá avanzar hacia un entorno más seguro y pacífico, dejando atrás la cultura de la violencia que ha marcado su historia moderna.