La inteligencia artificial (IA) ya dejó de ser una promesa futurista: hoy decide qué noticias consumimos, qué productos compramos y hasta influye en la forma en que se imparte justicia en algunos países. Frente a ese avance vertiginoso, México todavía carece de una ley federal que marque el rumbo.
Algunos estados han comenzado a dar pasos importantes. La Ciudad de México discute una ley sobre IA y datos personales; Sinaloa (185 Bis C del Código Penal) y Nayarit (297 Ter del Código Penal) castigan delitos sexuales cometidos con inteligencia artificial; Quintana Roo (20 Bis del Código Penal) ya tipificó su uso como agravante en ciertos delitos.
Estas iniciativas son valiosas, pero plantean un riesgo: que cada entidad construya su propio marco normativo, como si la IA fuera un tema estrictamente local y no un fenómeno global.
Nuestra Constitución ofrece la clave. El artículo 73, fracción XXIX-F, otorga al Congreso de la Unión la facultad de legislar en ciencia, tecnología e innovación. Esto coloca la regulación de la IA en el terreno federal. Por supuesto, los estados conservan un margen para atender cuestiones específicas —como transparencia, uso de datos o la implementación en servicios públicos e incluso delitos—, pero el marco rector debe ser nacional. De lo contrario, podríamos terminar con un mosaico descoordinado de 32 legislaciones distintas, difícil de armonizar y de aplicar.
La Suprema Corte ya ha dado luces sobre escenarios semejantes. En la jurisprudencia 2031109, relativa a telecomunicaciones, se determinó que en temas técnicos (como es el caso de la regulación de los mercados de telefonía, radio y televisión) la competencia es concurrente entre legislador y organismos especializados, e incluso la parte eminentemente técnica es originaria y exclusiva para el órgano especializado. Es razonable pensar que algo similar ocurra con la inteligencia artificial: una regulación general desde el Congreso, acompañada por la creación de un organismo especializado que supervise la implementación técnica y sus alcances prácticos.
México necesita anticiparse. Regular no significa frenar la innovación, sino darle cauce y garantizar que el desarrollo tecnológico camine de la mano con la protección de derechos. La IA no puede quedar en un vacío legal, ni depender de esfuerzos estatales que avancen sin la coordinación de la federación.
La verdadera disyuntiva no es si regular o no la inteligencia artificial. La cuestión es cuándo y con qué visión se hará. Un marco legal oportuno, coherente y bien diseñado puede colocar al país en la ruta correcta. Si lo postergamos, el riesgo es repetir la historia: llegar tarde a una transformación que ya está definiendo el futuro.