Hace algunos días, los medios de comunicación dieron a conocer la expulsión de Paraguay del ciudadano Hernán Bermúdez Requena, una noticia que invita a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones internacionales y las responsabilidades que conlleva la participación en cargos públicos. Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad en el Estado de Tabasco, ligado con el cártel de “La Barredora”, durante el mandato de Adán Augusto López (2019-2021), posteriormente asumió el cargo de Secretario de Gobernación y actualmente se desempeña como Senador de la República por el Partido MORENA. Este episodio nos recuerda la importancia de analizar con detenimiento las circunstancias que rodean a los personajes públicos, así como las implicaciones éticas y jurídicas que conllevan sus acciones y decisiones en el plano nacional e internacional.
La entrega de Bermúdez Requena a las autoridades mexicanas, realizada por el gobierno de Paraguay, ha sido presentada como una muestra de firmeza y compromiso del Estado mexicano con la justicia. Sin embargo, al reflexionar más profundamente, surgen preguntas sobre qué tan genuino es ese mensaje de contundencia: ¿es en realidad un acto de justicia transparente o simplemente una puesta en escena que responde a intereses políticos y mediáticos?
En el análisis, parece evidente que, más allá de la espectacularidad del operativo, lo que prevalece es un proceso caracterizado por la opacidad y el control político, que dejan al descubierto las limitaciones del sistema judicial y la manipulación de la narrativa pública. La apariencia de una decisión contundente oculta, en muchas ocasiones, un ejercicio de legitimación gubernamental más que una verdadera búsqueda de justicia.
Como señala Agamben (2005), en los estados modernos, los procedimientos de alto perfil tienden a convertirse en espectáculos donde las garantías jurídicas se suspenden en favor de una “razón de Estado”. La entrega de Bermúdez Requena, en ese sentido, parece simbolizar más una acción de cooperación internacional que busca fortalecer la imagen del gobierno ante la opinión pública, que un acto genuino de resolución judicial.
La estrategia de mantener el proceso en secreto, filtrar información a cuentagotas y limitar la publicidad de las audiencias, revela una lógica clásica de administración del secreto, como lo explica Thompson (2001). Este hermetismo, lejos de fortalecer la confianza social, la erosiona, pues genera rumores, especulaciones y sospechas sobre la posible existencia de intereses ocultos o actores involucrados que no son exhibidos públicamente. O’Donnell (1994) advierte que en América Latina, esa tendencia a la discrecionalidad en los procedimientos judiciales, refleja las dificultades del Estado de derecho y su tendencia a priorizar la supervivencia y legitimidad política sobre la rendición de cuentas.
En este contexto, la aparente neutralidad o la probabilidad de que Bermúdez Requena guarde silencio, o que sus declaraciones carezcan de pruebas concluyentes, parecen ser aspectos secundario frente a un proceso que, desde su origen, más que una búsqueda de justicia, parece ser una operación de control de daños. Este tipo de mecanismos de manejo mediático, se utiliza con frecuencia en situaciones donde el poder busca preservar su imagen y estabilidad, incluso a costa de la verdad jurídica. Serrano (2010) señala que en estos casos, la justicia se transforma en un mero texto discursivo, esto es, un elemento más en la estrategia de mantenimiento del poder.
Por otro lado, la coincidencia en el tiempo entre este proceso judicial y la escasa atención que ha recibido la glosa del informe presidencial, sugiere un desplazamiento deliberado de la agenda pública. Mientras el informe oficial pasa casi inadvertido, los casos judiciales actúan como distractores que concentran la atención social, en paralelo a una aprobación silenciosa de medidas económicas que parecen menos visibles pero igual de significativas. Esta dinámica se alínea con las ideas de Castells (2009), quien analiza cómo los medios y los gobiernos moldean la agenda política, mediante la espectacularización de ciertos eventos y la invisibilización de otros.
En definitiva, parece que la expulsión de Bermúdez Requena no responde tanto a una voluntad genuina de justicia, sino a una estrategia gubernamental de control simbólico y de construcción de una narrativa que legitima el poder en un contexto de creciente desconfianza social. Lo que está en juego no es solo la resolución de un caso en particular, sino la capacidad del Estado para gestionar la información, controlar la percepción pública y sostener su autoridad frente a un pueblo cada vez más escéptico respecto a las promesas de justicia y transparencia.