• Horacio González
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El reciente anuncio del diputado local Vicente Morales Pérez, mediante el cual expresa su respaldo al proyecto político del presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, pretende presentarse como un acto de visión de futuro, unidad y responsabilidad política.

Sin embargo, una lectura crítica del contexto y de la trayectoria de los actores involucrados obliga a ir más allá del discurso cuidadosamente construido y a cuestionar tanto las motivaciones como las implicaciones reales de esta adhesión anticipada.

En primer lugar, resulta difícil ignorar el papel que ha jugado Vicente Morales desde la presidencia del Comité de Administración del Congreso local. Lejos de conducirse con la neutralidad institucional que exige ese cargo, el legislador ha utilizado esa posición estratégica para promoverse políticamente y, ahora, para alinearse con una decisión que responde más a una lógica de disciplina interna y obediencia política que a una convicción genuina.

La lectura extendida en los círculos políticos es que esta adhesión no es un acto autónomo, sino una instrucción emanada desde el poder estatal, particularmente desde el entorno de la gobernadora Lorena Cuéllar, lo que debilita el relato de madurez y responsabilidad que se intenta vender a la opinión pública.

Por otro lado, el proyecto que encabeza Alfonso Sánchez García dista mucho de ser incuestionable. Su desempeño previo en la administración pública, particularmente como titular de la Secretaría de Infraestructura, estuvo marcado por observaciones y el señalamiento de opacidad, desaseo administrativo y afectaciones millonarias al patrimonio público por más de 20 millones de pesos, un antecedente que no puede soslayarse cuando se habla de “responsabilidad institucional”.

A ello se suma que, como presidente municipal, su gestión se ha colocado en los últimos lugares de diversos rankings nacionales de alcaldes, lo que contrasta de manera evidente con la narrativa de liderazgo, eficacia y resultados que ahora se pretende posicionar.

La declinación de Vicente Morales, más que un gesto de fortaleza política, parece anunciar un proceso de reacomodos internos que apenas comienza. Todo indica que no será la única renuncia anticipada, sino la primera de varias que buscarán incidir en la definición de la candidatura de Morena a la gubernatura de Tlaxcala. En ese sentido, el mensaje no es de unidad construida desde abajo, sino de alineamientos forzados que revelan tensiones internas y una lucha temprana por el control del proceso sucesorio.

Además, respaldar a Alfonso Sánchez implica apostar por la continuidad de una élite política que ha gobernado Tlaxcala durante los últimos sexenios, reciclando apellidos, grupos y prácticas que poco han cambiado la realidad estructural del estado. Lejos de representar una ruptura o una alternativa renovadora, su figura se inscribe en una lógica de sucesión controlada, donde el relevo es más de forma que de fondo, y donde la promesa de proyectos “incluyentes y de largo plazo” se queda, hasta ahora, en el terreno retórico.

Los propios datos de sondeos de opinión disponibles muestran que Alfonso Sánchez parte con posibilidades mínimas de posicionarse competitivamente ante la ciudadanía, lo que hace aún más cuestionable el adelanto de respaldos y declinaciones. Este movimiento, además, representa un claro adelantamiento de los tiempos establecidos por Morena para la renovación de gubernaturas, una práctica que contradice el discurso de respeto a las reglas internas y que, paradójicamente, puede terminar debilitando al propio partido frente a una sociedad cada vez más atenta y crítica.

En suma, la adhesión anunciada no parece responder a un proyecto sólido ni a una evaluación honesta de capacidades y resultados, sino a una combinación de intereses, presiones y cálculos anticipados.

En un momento en que Tlaxcala requiere debates de fondo y liderazgos probados, reducir el futuro del estado a acuerdos cupulares y lealtades adelantadas es, cuando menos, una señal preocupante. Por ello es que la dirigencia nacional morenista debe intervenir antes de que las cosas se le salgan de control y sienten un mal precedente no sólo para Tlaxcala, sino para el resto de los estados donde habrá renovación de gubernaturas.