La política tlaxcalteca vive un momento definitorio y, como suele ocurrir cuando las tendencias se vuelven claras, también aflora el nerviosismo de quienes se saben en desventaja. La reciente encuesta publicada por la casa demoscópica RUBRUM no solo mide preferencias electorales: desnuda una correlación de fuerzas que explica, con mayor claridad que cualquier discurso, la ofensiva política y mediática que se ha intensificado en las últimas semanas.
De acuerdo con ese estudio, el 54 por ciento de las y los electores tlaxcaltecas respaldan a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera como candidata de Morena al gobierno del estado, colocándola muy por encima de cualquier otro aspirante. La cifra es contundente y, para algunos, incómoda. El alcalde capitalino Alfonso Sánchez García apenas alcanza un 23.7 por ciento de apoyo, pese a contar con adhesiones públicas de diputados, operadores políticos y funcionarios de la actual administración estatal.
La diferencia entre ambos no es marginal ni interpretable: es de 30.3 puntos porcentuales. En términos políticos, se trata de una ventaja sólida que explica por qué el debate dejó de centrarse en proyectos y resultados, para transformarse en una estrategia de desgaste focalizada casi exclusivamente en quien encabeza las preferencias ciudadanas.
No es casual que, conforme se consolidan estos números, se multipliquen las notas, columnas y señalamientos dirigidos a la senadora Ana Lilia Rivera, mientras otros actores quedan al margen del escrutinio público. La selectividad es evidente. La encuesta de RUBRUM funciona aquí como un espejo incómodo: revela que el problema no es el discurso de la legisladora federal, sino su posición real en el ánimo social. Cuando las encuestas muestran una ventaja tan amplia, la tentación de desacreditar sustituye a la competencia política genuina.
Este comportamiento responde a una lógica de preservación del poder. Desde el gobierno estatal encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros y desde el Ayuntamiento de Tlaxcala, bajo la conducción de Alfonso Sánchez García, se percibe una coincidencia de intereses: una candidatura que no surja de su entorno directo implica perder capacidad de control, negociación e influencia. Frente a una ventaja demoscópica que no logran revertir con respaldo político ni con estructura institucional, la reacción ha sido preventiva: erosionar la credibilidad de quien lidera.
Para ello, se ha echado mano de un aparato mediático alineado al régimen, donde el análisis crítico ha sido reemplazado por la marcación personal. No se investiga el ejercicio del poder, no se cuestionan decisiones gubernamentales ni se profundiza en temas de opacidad, corrupción o nepotismo que circulan en la conversación pública; el blanco es uno solo.
Resulta revelador que esta ofensiva ocurra en paralelo a un creciente distanciamiento del gobierno estatal con la ciudadanía. La falta de rendición de cuentas, la opacidad en el manejo de la información pública y la normalización de prácticas contrarias al discurso de la Cuarta Transformación no generan el mismo interés mediático que una senadora que, según RUBRUM, concentra más de la mitad de las preferencias electorales.
Este texto no busca eximir a Ana Lilia Rivera del escrutinio público. Toda figura política debe ser evaluada con rigor. Pero el rigor implica contexto y honestidad intelectual. Ignorar una ventaja de 30.3 puntos porcentuales documentada por una encuestadora nacional para construir una narrativa de desgaste no es análisis, es propaganda. Lo que hoy se observa en Tlaxcala no es un debate sobre el rumbo del estado, sino un intento por alterar, desde el poder, una decisión que ya empieza a expresarse en la sociedad.
Al final, las campañas de desgaste no corrigen realidades: las evidencian. Revelan miedo al cambio y desconfianza en la propia gestión. En un estado que demanda resultados, transparencia y cercanía con la gente, descalificar a quien encabeza las preferencias ciudadanas es una apuesta riesgosa. Las encuestas pasan, pero la memoria social permanece, y la ciudadanía sabrá distinguir entre quienes defienden intereses de grupo y quienes, con respaldo mayoritario, están dispuestos a dar la cara por el futuro de Tlaxcala.