• Horacio González
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En Tlaxcala capital parece estarse construyendo una ciudad paralela. No es la que se recorre a pie ni la que se padece a diario entre baches, banquetas rotas y servicios públicos insuficientes. Es una ciudad digital, artificial, inflada por miles de cuentas falsas que aplauden, replican y defienden al alcalde Alfonso Sánchez García con una intensidad que no se observa en la vida real.

Las denuncias ciudadanas sobre la existencia de más de cinco mil perfiles con actividad irregular, operando de manera coordinada en redes sociales, no pueden minimizarse como una anécdota de internet. Se trata de una práctica sistemática de manipulación de la conversación pública, diseñada para fabricar una percepción de respaldo que no se corresponde con el ánimo ciudadano cotidiano.

Pero el tema de fondo no es solo la simulación digital. El verdadero problema es el origen de los recursos. Porque una operación de esta magnitud no se sostiene con buena voluntad ni con militancia espontánea. Requiere dinero, logística y dirección política. Y eso abre una pregunta que ningún funcionario del ayuntamiento capitalino y el propio alcalde han querido responder: ¿de dónde sale el financiamiento para esta estrategia?
Mientras tanto, la ciudad tangible enfrenta rezagos evidentes. Calles en mal estado, obras públicas insuficientes, colonias enteras esperando atención básica. Cada peso destinado a propaganda encubierta es un peso que no se invierte en mejorar la vida de la gente. La decisión de priorizar bots sobre baches no es técnica: es ética.

Aún más grave es que esta maquinaria digital no solo busca exaltar al alcalde, sino desprestigiar de manera coordinada a la senadora Ana Lilia Rivera, una de las figuras con mayor presencia y posicionamiento rumbo a la gubernatura de Tlaxcala. No se le debate, se le ataca. No se le confronta con ideas, se le intenta desgastar con narrativas artificiales.

Este patrón revela algo inquietante: el miedo a competir en condiciones reales. Cuando el trabajo territorial, el reconocimiento ciudadano y la presencia orgánica no pueden ser igualados, se recurre a la simulación y a la guerra sucia digital.

La responsabilidad no se limita al ámbito municipal. La gobernadora Lorena Cuéllar tiene una obligación política y moral de explicar por qué se permite —o se impulsa— una campaña que favorece a un actor local y golpea a otra figura del mismo movimiento. Gobernar no implica usar el poder para inclinar la balanza interna; implica garantizar piso parejo y respeto a la ciudadanía.

La ciudad ficticia de los bots podrá ser ruidosa. La ciudad real, la que exige resultados, termina pasando factura.