En Morena se repite, como mantra fundacional, que no se miente, no se roba y no se traiciona. En Tlaxcala, sin embargo, esa consigna se ha convertido en una frase de utilería, útil para los discursos, pero inútil para frenar prácticas que el propio Movimiento prometió desterrar. El caso de Marcela González Castillo, presidenta estatal de Morena, y su esposo, el alcalde capitalino Alfonso Sánchez García, no es una anomalía: es el reflejo fiel de una cultura política que se incubó desde el poder estatal.
Porque antes de señalar a la dirigencia partidista, hay que mirar hacia Palacio de Gobierno. La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros ha normalizado el nepotismo como forma de administración: dos hijas en la nómina pública, una al frente del DIF Estatal y otra encargada de los Programas del Bienestar en Tlaxcala, además de un cuñado despachando en la Secretaría de Turismo. Cuando el poder se ejerce en familia desde el Ejecutivo, el mensaje es claro: el parentesco no sólo no estorba, sino que habilita.
¿De verdad alguien se sorprende de que la lideresa estatal de Morena reproduzca el mismo esquema? Se aprende del ejemplo, y en Tlaxcala el ejemplo viene de arriba.
La exigencia del militante fundador Edvino Delgado Rodríguez para que Marcela González sea separada definitivamente del cargo y se cancele su militancia —junto con la de Alfonso Sánchez— no es un capricho ni una revancha interna. Es la consecuencia lógica de un procedimiento sancionador formal (CNHJ-TLAX-279/2025) que documenta violaciones graves a los estatutos de Morena, que prohíben de manera explícita el nepotismo y el uso de cargos públicos para incidir en la vida interna del partido.
Aquí no se trata sólo de que sean esposos. Se trata de que, según la queja, han convertido la estructura partidista en una plataforma de promoción familiar, con un claro objetivo de posicionamiento electoral anticipado rumbo a 2027. Morena, en los hechos, está siendo utilizada como trampolín personal, no como instrumento colectivo de transformación. Exactamente el tipo de prácticas que el Movimiento dijo combatir.
La gravedad del asunto se profundiza con la parálisis de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. La dilación ha sido tal que un militante fundador tuvo que acudir a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para exigir justicia interna. Que Morena necesite al árbitro electoral para hacer cumplir sus propias reglas no sólo exhibe debilidad institucional: desnuda una voluntad política ausente.
El Comité Ejecutivo Nacional tampoco puede lavarse las manos. Cada día de silencio lo convierte en corresponsable. La dirigencia nacional queda mal parada cuando tolera, por omisión, prácticas que contradicen el discurso ético con el que Morena se presenta ante el país.
Y mientras tanto, el poder estatal observa y, peor aún, facilita. Bajo el gobierno de Lorena Cuéllar, la dirigencia estatal de Morena ha operado con manga ancha para placear políticamente a Alfonso Sánchez, incluso utilizando, según múltiples testimonios, la estructura gubernamental, presionando o engañando a burócratas de los tres poderes, ayuntamientos y organismos autónomos para asistir a eventos o trabajar a favor del presidente municipal. El aparato público puesto al servicio de un proyecto personal: el manual clásico del viejo régimen.
Ese es el verdadero problema: el nepotismo no es un exceso aislado, es un sistema. Inicia en el gobierno, se reproduce en el partido y se normaliza en la vida pública. Así, la transformación se vacía de contenido y se convierte en una etiqueta sin ética.
Si Morena quiere seguir llamándose Movimiento y no convertirse en una réplica de aquello que juró combatir, debe actuar ya. Porque cuando el nepotismo se vuelve escuela, la impunidad se vuelve norma. Y entonces, la traición no viene de afuera, sino desde dentro.