Hay una distancia cada vez más ofensiva entre el discurso nacional de Morena y la práctica cotidiana del poder en Tlaxcala. Una brecha que no sólo contradice a la presidenta Claudia Sheinbaum, sino que exhibe con crudeza la hipocresía política de quienes, amparados en las siglas de la “transformación”, reproducen los vicios más rancios del viejo régimen.
Mientras la presidenta ha sido clara —tajante, incluso— al rechazar cualquier forma de nepotismo y a advertir que los cargos públicos no deben heredarse ni permanecer dentro de las familias hasta el cuarto grado, en Tlaxcala parece existir un esfuerzo sistemático por llevarle la contraria. No por descuido, no por omisión, sino por decisión.
Apenas el lunes pasado, la mandataria nacional recordó que envió al Congreso dos iniciativas de reforma electoral: una para cerrar la puerta a la reelección y otra para prohibir el nepotismo. El mensaje fue inequívoco: Morena no puede ni debe parecerse a aquello que dijo venir a erradicar. Sin embargo, en Tlaxcala ese mensaje se escucha… y se ignora.
La realidad es incómoda, pero inocultable. En el gobierno estatal, antes de llegar a la gubernatura, Lorena Cuéllar Cisneros colocó en una notaría a un familiar a través de un acuerdo político con el exgobernador Marco Antonio Mena Rodríguez; ahora mantiene a dos hijas dentro del gabinete, a un cuñado encabezando una Secretaría y, para completar el cuadro, a un ahijado operando como factor real de poder. Todo perfectamente acomodado. Todo cuidadosamente normalizado. Todo profundamente contrario a los principios que Morena dice defender.
No se trata de percepciones ni de ataques gratuitos. Se trata de hechos. Y los hechos son tozudos: Tlaxcala se ha convertido en un ejemplo de cómo el poder se encapsula en círculos familiares mientras se predica austeridad, ética y transformación desde la tribuna.
Pero el problema no termina en el gobierno. En Morena la contradicción es aún más escandalosa. La presidencia del Comité Ejecutivo Estatal está en manos de Marcela González Castillo, quien no sólo dirige formalmente al partido, sino que es esposa del alcalde Alfonso Sánchez Anaya, abierto y evidente aspirante a la candidatura al gobierno del estado. El conflicto de interés es tan claro que resulta insultante que se pretenda negar.
El presidente municipal ya anda en pleno proselitismo, sin rubor alguno, utilizando su cargo como trampolín político. Y su esposa, lejos de actuar con la mínima prudencia ética, lo encubre, lo arropa y lo placea en eventos partidistas. Guarda silencio —un silencio cómplice— frente al uso de estructuras públicas y partidarias para movilizar burócratas, frente a la mentira como método, la amenaza como herramienta y el acarreo como estrategia.
¿Dónde quedó la ética política? ¿Dónde la congruencia con la presidenta de la República? ¿Dónde el respeto a la militancia que aún cree que Morena puede ser distinto?
La respuesta es incómoda, pero evidente: se sacrificó la congruencia en el altar de la ambición. Y eso tiene consecuencias. El daño a Morena en Tlaxcala es profundo, porque no sólo erosiona la credibilidad del partido, sino que alimenta el cinismo ciudadano y refuerza la idea de que “todos son iguales”.
Por eso, la permanencia de Marcela González Castillo al frente del partido es ya insostenible. Sus mentiras, su silencio selectivo y su abierta contradicción con la línea marcada por la presidenta Sheinbaum no pueden seguir siendo toleradas. Si, como en los hechos ocurre, ya forma parte del equipo de campaña de su esposo, lo mínimo exigible es que renuncie de inmediato a la presidencia del partido y deje de utilizar las estructuras de Morena para fines personales y familiares.
Morena no puede combatir el nepotismo con discursos mientras lo practica con descaro en los estados. Si Tlaxcala insiste en desmentir a la presidenta con hechos, no sólo traiciona a Sheinbaum: traiciona la razón misma por la que millones votaron por la llamada transformación.