El 2027 ya no es una fecha lejana en el calendario político; es una sombra que empieza a alargarse sobre los estados, y Tlaxcala no es la excepción. Lo que está en juego no es solo una elección más, sino la definición de qué tipo de liderazgo quiere Morena para sostener —o poner en riesgo— el proyecto de la llamada Cuarta Transformación bajo la conducción de Claudia Sheinbaum.
La presidenta ha dejado claro que este proceso será distinto. Centralizado, disciplinado y, al menos en el discurso, implacable contra el nepotismo. El mensaje es inequívoco: no habrá herencias políticas, no habrá apellidos reciclados ni candidaturas construidas a partir de privilegios familiares. Y cuando ese mensaje se baja al terreno tlaxcalteca, las tensiones se vuelven evidentes.
Tlaxcala ha sido, históricamente, un laboratorio del poder concentrado. Familias que transitan de un cargo a otro, grupos que se reproducen sexenio tras sexenio y carreras políticas que no se explican por méritos, sino por cercanía con el poder en turno.
En ese contexto, resulta inevitable mirar con lupa el caso del actual alcalde de la capital, Alfonso Sánchez García: un político que proviene de una familia gobernante de privilegios y cuya trayectoria pública no se sostiene en una carrera propia, sino casi exclusivamente en su paso por la administración de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.
No se trata de un juicio personal, sino de un análisis político. Sánchez García no ha construido una ruta de largo aliento en la vida pública, no ha pasado por procesos complejos de representación popular ni ha enfrentado escenarios adversos que pongan a prueba su liderazgo. Su proyección responde más a una lógica de continuidad familiar y de grupo que a una legitimidad ganada en la arena política.
Y ahí es donde el discurso presidencial choca con la realidad local. Si de verdad habrá mano dura contra el nepotismo, Tlaxcala se convierte en un caso de prueba. Porque permitir que perfiles surgidos del linaje y del cobijo del poder estatal se reciclen como opciones “naturales” sería exactamente lo contrario a lo que Claudia Sheinbaum ha prometido combatir.
En el otro extremo del tablero está la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Con una carrera política larga, documentada y, sobre todo, construida a pulso. Rivera no es producto de una herencia ni de una coyuntura administrativa; es una figura que ha transitado por luchas internas, por el Congreso, por la confrontación política real y por la construcción de una identidad propia dentro de la izquierda. Se le puede criticar, debatir o cuestionar, pero no se puede negar su experiencia ni su peso político.
Y ese contraste es clave. Porque si el 2027 será —como todo indica— una prueba de fuego para el liderazgo de la presidenta, Tlaxcala representa una decisión simbólica: apostar por la comodidad de los grupos locales y sus herederos, o respaldar perfiles con trayectoria, oficio y capacidad probada, aunque resulten incómodos para las élites estatales.
La lógica desde Palacio Nacional es clara. Diecisiete gubernaturas no son un trámite; son la estructura territorial que sostendrá el proyecto rumbo a 2030. Por eso la presidenta no permitirá que los cacicazgos regionales ni las lealtades familiares dicten las candidaturas. Quien no se alinee a esa visión, quedará fuera.
En Tlaxcala, ese mensaje debería leerse sin ingenuidad. El tiempo de las simulaciones se agota. Morena no solo se juega una elección; se juega su credibilidad como fuerza que prometió desterrar las viejas prácticas del poder. Y si el combate al nepotismo es real, no retórico, entonces los apellidos y los privilegios pesarán menos que la experiencia, el trabajo político y la legitimidad social.
El 2027 no definirá solo quién gobierna Tlaxcala. Definirá si el discurso de cambio se sostiene cuando toca incomodar a los de casa. Ahí se verá si la Cuarta Transformación, en este pequeño pero significativo estado, es proyecto o simple repetición maquillada del pasado.