La decisión de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros de apostar por la contratación de Eukid Castañón Herrera para intervenir en el proceso interno de Morena rumbo a 2027 no sólo es políticamente torpe, es moralmente insostenible. En lugar de fortalecer la vida interna del partido y respetar el peso de las trayectorias, el gobierno estatal parece haber optado por la chequera y la manipulación como estrategia central para imponer una candidatura.
Castañón Herrera no es un consultor cualquiera. Su nombre está ligado a uno de los periodos más oscuros de la operación política en el país. Haber sido liberado tras años de prisión —en un proceso que muchos interpretan como impunidad negociada— no borra su historial en el delito de extorsión ni lo convierte en un símbolo de renovación. Al contrario: su contratación, presuntamente con recursos públicos y montos estratosféricos, envía un mensaje inequívoco de que el poder en Tlaxcala está dispuesto a reciclar a los peores operadores con tal de cerrar el paso a una competencia real.
El objetivo es evidente: fabricar la candidatura de Alfonso Sánchez García y, al mismo tiempo, bloquear a Ana Lilia Rivera Rivera, una senadora con arraigo, trayectoria y reconocimiento interno. No se trata de una contienda de ideas, sino de una operación de cerco y sabotaje para imponer a un perfil dócil, funcional a los intereses del poder en turno. La política reducida a ingeniería electoral financiada desde el erario.
Que este escándalo haya sido señalado en columnas de Reforma y El Universal agrava el asunto. No hablamos de rumores locales, sino de una denuncia pública sobre el uso de dinero público para intervenir en un proceso interno partidista. Una práctica que Morena juró desterrar y que hoy parece tolerar —cuando no promover— desde los gobiernos estatales.
Pero si algo demuestra la historia reciente es que el dinero no garantiza victorias políticas. El caso de Adán Augusto López Hernández es el ejemplo más claro. En su disputa interna con Claudia Sheinbaum Pardo, López Hernández protagonizó la campaña más ostentosa: 12 millones de pesos en anuncios espectaculares —más del doble del tope permitido por Morena—, casi 500 de los 700 anuncios registrados por el Instituto Nacional Electoral (INE), todos disfrazados de publicidad editorial para evadir la ley. A ello se sumaron recursos privados no declarados, mítines costosos y una maquinaria publicitaria desbordada. ¿El resultado? La derrota.
La lección es contundente: el despilfarro y la trampa no sustituyen la legitimidad ni el respaldo de las bases. Insistir en la misma fórmula en Tlaxcala —ahora con un operador cuestionado y recursos públicos de por medio— no sólo es repetir un error, es profundizar una desviación ética. Morena nació con la promesa de erradicar las viejas prácticas; hoy, la estrategia del gobierno de Lorena Cuéllar parece empeñada en revivirlas.
Al final, la pregunta es inevitable: ¿vale la pena hipotecar la credibilidad del proyecto y manchar el proceso interno por imponer a un candidato? Si la respuesta es sí, entonces no estamos ante una estrategia fallida, sino ante una renuncia abierta a los principios que dieron origen al Movimiento. Un Movimiento del cual, por cierto, la gobernadora parece estar cada vez más lejos.