En Tlaxcala ya no se simula siquiera el respeto a los tiempos electorales. El alcalde capitalino, Alfonso Sánchez García, hace campaña sin pudor, sin pausa y sin consecuencia. Lo suyo no es gobierno: es promoción personalizada con recursos, estructura y logística que no se improvisan. Mientras tanto, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) contempla el espectáculo con una serenidad que raya en la complicidad.
Porque una cosa es la presunción y otra la evidencia. Aquí hay brigadas organizadas por secciones, propaganda impresa fuera del estado, almacenaje estratégico y distribución territorial planificada. Eso no es entusiasmo ciudadano: es operación política profesional. Y toda operación tiene financiamiento. ¿Dónde está la fiscalización? ¿Dónde están los requerimientos para transparentar contratos de impresión, facturas de traslado, pagos a operadores? El árbitro prefiere pedir aclaraciones a medios por entrevistas incómodas antes que seguir la pista del dinero.
El problema de fondo no es la aspiración —legítima— de cualquier actor político. El problema es el abuso de posición. Sánchez García no actúa como alcalde que gobierna, actúa como candidato en funciones. La frontera entre gestión pública y promoción electoral fue borrada con cinismo. Y cuando esa línea desaparece, lo que sigue es la desigualdad en la contienda.
Frente a esta parálisis institucional, cabe preguntarse si Tlaxcala necesita realmente a su órgano electoral local. Si el Instituto Nacional Electoral (INE) ha demostrado capacidad técnica y autonomía en procesos complejos, ¿por qué mantener un instituto estatal que no ejerce plenamente sus atribuciones?
La ecuación se vuelve todavía más delicada cuando se observa la actuación de Marcela González Castillo al frente de Morena en el estado. La dirigencia partidista no sólo parece alineada con el proyecto del alcalde, sino que opera en sincronía. No hay equilibrios internos, no hay piso parejo, no hay señales de neutralidad. La cargada es evidente y cuenta con el respaldo político de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, lo que agrava la percepción de que la estructura gubernamental y partidista caminan en la misma dirección.
,Y sin embargo, pese a la maquinaria, el llamado “delfín” no despega. Las encuestas no reflejan el crecimiento esperado. Esa es la paradoja: a mayor propaganda, menor entusiasmo ciudadano. En círculos gubernamentales ya no se disimula la inquietud. Porque cuando la inversión es alta y los resultados no llegan, surge la tentación de intensificar la apuesta.
Ahí radica el punto crítico. ¿De dónde salen los recursos para sostener una promoción constante, sistemática y territorializada? Si provienen de aportaciones privadas, deben transparentarse. Si provienen de estructuras públicas, el escándalo sería mayúsculo. En ambos casos, corresponde a la autoridad electoral investigar, no mirar hacia otro lado.
La democracia se defiende con instituciones que incomodan al poder, no con organismos que lo escoltan. El ITE está a tiempo de demostrar que no es una oficina decorativa. Si no lo hace, la discusión sobre su pertinencia dejará de ser retórica para convertirse en exigencia ciudadana.
En política, la impunidad no siempre es estruendosa, a veces es silenciosa. Y ese silencio —cuando proviene del árbitro— es el más corrosivo de todos.