En Tlaxcala ya no se disimula. La propaganda está a la vista, los espectaculares no se esconden, las adhesiones “espontáneas” brotan como por arte de magia en varias comunidades y los funcionarios públicos se pronuncian con una soltura que ofende la inteligencia. Lo único que no aparece es la autoridad electoral. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones guarda silencio.
El alcalde capitalino, Alfonso Sánchez García, ha cruzado la delgada línea entre el posicionamiento institucional y la promoción personalizada. La ley es clara. El artículo 134 de la Constitución federal prohíbe el uso de recursos públicos para influir en la equidad de la competencia entre partidos y aspirantes. La propaganda gubernamental debe tener carácter institucional, fines informativos, educativos o de orientación social. Nada de nombres, nada de imágenes, nada de voces que huelan a campaña.
Y, sin embargo, ahí están los espectaculares. Ahí están las bardas. ¿Quién paga? ¿Quién contrató? ¿Quién factura? El ITE no necesita bola de cristal: necesita seguir el camino del dinero. ¿Cuál es la empresa propietaria de los anuncios? ¿Qué contratos tiene con el ayuntamiento? ¿Existen triangulaciones? La fiscalización no es un favor, es una obligación.
Nos quieren vender el cuento de la “movilización ciudadana espontánea”. ¿De verdad se cree que en varias comunidades los vecinos, motu proprio, decidieron organizarse “en bola” para promover al hijo del exgobernador Alfonso Sánchez Anaya? La ingenuidad tiene límites. La estructura territorial no se activa por inspiración divina; se activa por operación política. Y esa operación, cuando involucra recursos públicos o presión institucional, tiene nombre: uso indebido del poder.
Más grave aún es el episodio protagonizado por el titular del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, José Alonso Trujillo Domínguez, quien habría utilizado oficinas y estructura educativa para decantarse públicamente a favor del alcalde. La coordinación de Comunicación Social del gobierno estatal intentó deslindarse, como si bastara una declaración administrativa para borrar la evidencia política. No. Cuando servidores públicos utilizan instalaciones, horarios laborales o subordinados para promover aspiraciones personales, no estamos ante una anécdota: estamos ante una posible violación electoral y administrativa.
Lo procedente no era el silencio ni el deslinde tibio. Lo procedente era la destitución inmediata del funcionario y, en su caso, la denuncia correspondiente ante las instancias competentes. Porque la neutralidad del servicio público no es opcional, es una garantía de equidad democrática.
El ITE enfrenta hoy críticas severas por su no actuación. Y con razón. La legislación electoral local y los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han sido reiterativos: la promoción personalizada y los actos anticipados de campaña pueden configurarse incluso antes del inicio formal del proceso electoral, si existe un posicionamiento sistemático con fines electorales. No hace falta que diga “vota por mí”. Basta con construir, desde el poder, una candidatura adelantada.
Mientras tanto, la gobernadora —en medio del ruido y las evidencias— prefiere la celebración privada antes que el mensaje público de firmeza institucional. Y en política, las omisiones pesan tanto como las acciones. La percepción ciudadana es devastadora: el árbitro está inmóvil y el juego ya empezó.
El problema no es un espectacular. No es una barda. No es una foto. El problema es la normalización del abuso. Si el ITE no actúa ahora, cuando la propaganda es abierta y visible, ¿qué podemos esperar cuando el proceso formal arranque? La democracia no se erosiona de golpe; se desgasta por tolerancia.
El Instituto todavía está a tiempo de demostrar que no es una oficialía de partes ni una ventanilla decorativa. Debe investigar, requerir información financiera, verificar contratos y, si corresponde, sancionar.
Tlaxcala merece algo más que un árbitro mudo frente a una campaña que ya camina sin pudor.