La democracia no se vende, y cuando se intenta comprar, deja de ser democracia.
México vivió durante décadas bajo la sombra de un poder económico que pretendía decidir lo que correspondía al pueblo.
El 2012 no fue solo una elección cuestionada; fue la exhibición de un modelo donde el dinero operó como maquinaria paralela para torcer voluntades. Monederos electrónicos, triangulaciones y financiamiento opaco no fueron anécdotas aisladas, fueron síntomas de un sistema donde la billetera pesaba más que el voto; antes, Pemexgate y amigos de Fox fueron caras de la misma moneda.
En Tlaxcala también tenemos memoria. En 2016 observamos cómo el aparato gubernamental fue utilizado para favorecer proyectos vinculados a intereses de élite. Cuando el dinero define la competencia, el representante deja de responder al pueblo y comienza a obedecer a quienes financiaron su ascenso.
Por eso debemos respaldar con claridad la reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no es una reforma menor. Es una intervención estructural para separar de una vez por todas el poder político del poder económico.
Prohibir el uso de efectivo en campañas, fortalecer la inteligencia financiera para rastrear recursos en tiempo real y establecer sanciones efectivas no es radicalismo, es congruencia democrática. Que como en el caso de la prohibición al nepotismo se puede iniciar desde ahora.
Si el dinero deja de dictar candidaturas y estrategias, las ideas volverán al centro del debate. Eso significa madurez institucional y profundización de la transformación.
Separar el poder político del económico no es una consigna histórica. Es la condición mínima para que el pueblo mande.
Con afecto y firme esperanza, para mi amable y único lector.
Homero Meneses Hernández