En Tlaxcala no estamos ante simples rumores de grilla política. Lo que se describe es mucho más grave: el uso sistemático del aparato gubernamental para posicionar a un aspirante rumbo a 2027. Y eso, en cualquier democracia, tiene un nombre: desvío de poder.
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros ya habría instruido a titulares de dependencias estatales a intensificar reuniones y construir una agenda permanente en favor del presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, con el objetivo explícito de posicionarlo en las encuestas internas que definirán la candidatura de Morena a la gubernatura en 2027.
El argumento que se habría utilizado es todavía más delicado: que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habría dado luz verde con un supuesto “hagan lo que sea necesario”.
Si alguien pretende escudarse en la investidura presidencial para justificar la promoción personalizada desde el poder local, no sólo incurre en una falta ética: compromete la institucionalidad y erosiona la credibilidad del proyecto nacional que dice defender.
Lo más preocupante no es la estrategia política —todos los aspirantes buscan posicionarse—, sino los métodos denunciados: Obligar a trabajadores del gobierno estatal a pintar bardas; forzarlos a colocar lonas en sus domicilios; exigir propaganda en vehículos particulares; integrarlos en brigadas para repartir volantes en distintos municipios; y amenazar con sanciones o despidos a quienes se nieguen.
Si esto es cierto, no estamos ante “operación política”, sino ante coacción laboral y utilización indebida de recursos humanos públicos. El empleo gubernamental no puede convertirse en moneda de cambio para alimentar aspiraciones personales.
A la par, el alcalde Alfonso Sánchez García está acudiendo semanalmente a la Ciudad de México. Su propio equipo ha hecho circular la idea de que es para recibir indicaciones y respaldo de la dirigencia nacional de Morena. Lo único cierto es que en territorio tlaxcalteca se despliega una maquinaria propagandística con recursos cuya procedencia es totalmente opaca.
Se señala, además, que la propaganda se elabora en Puebla y se financia con recursos provenientes del gobierno estatal y del propio partido. Estaríamos ante un esquema mixto de financiamiento que ameritaría la intervención de autoridades electorales y fiscalizadoras.
Hay que recordar que el discurso de la llamada Cuarta Transformación se construyó sobre la promesa de erradicar el uso faccioso del poder. Sin embargo, cuando desde un gobierno estatal se articula una estrategia para imponer sucesor —o “candidato a modo”— se revive exactamente aquello que durante décadas se criticó.
No se trata de negar el derecho de Alfonso Sánchez a aspirar a la gubernatura. Tiene derecho, como cualquier ciudadano. Lo que no tiene derecho es a utilizar —directa o indirectamente— la estructura del Estado para competir con ventaja. Tampoco se trata de una disputa menor. En un estado pequeño como Tlaxcala, donde la estructura gubernamental tiene fuerte presencia territorial, la línea entre gobierno y campaña debe ser más estricta.
La cuestión central es simple: ¿trabaja el gobierno de Tlaxcala para la ciudadanía o para construir una candidatura?
Si la gobernadora Lorena Cuéllar pretende heredar el poder mediante la imposición de un perfil incondicional, deberá asumir el costo político de hacerlo bajo el escrutinio público. Porque la democracia no se fortalece con “hagan lo que sea necesario”, sino con reglas claras, piso parejo y respeto absoluto a la legalidad.