Estamos en días clave para la aprobación de la Reforma Electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; sin embargo, a decir de muchos políticos profesionales —incluidos algunos dentro de la propia Cuarta Transformación— no se percibe una "operación política" clara para hacerla avanzar.
Pero habría que preguntarnos a qué llamamos realmente operación política.
Si se piensa en esa práctica del pasado donde la voluntad legislativa se alineaba mediante el discreto peso de un maletín de “beneficios”, entonces sí, quizá no estamos viendo esa vieja forma de operar.
Pero esa es precisamente la lógica patrimonialista que vinimos a transformar. Hoy, la unidad que vemos en proyectos no nace de la imposición ni del privilegio, sino de un Acuerdo político-social transparente, basado en la voluntad general y el respeto a nuestra lideresa política.
La verdadera operación política es la que se construye con ideas, principios y convicción democrática.
En la silla presidencial tenemos a una de las operadoras más sólidas de nuestro tiempo, quien ya ha mencionado un Plan B para proteger la voluntad popular frente a quienes insisten en mantener el flujo excesivo de prerrogativas y el sistema de privilegios.
De no aprobarse la Reforma Constitucional, podemos avanzar desde los estados. Siguiendo el ejemplo democrático, podríamos establecer que las posiciones plurinominales se asignen al segundo lugar de la contienda.
En entidades como Tlaxcala, esto es posible y necesario para asegurar que la representación emane del esfuerzo real en territorio y no de arreglos cupulares. Aquí estamos apuntalados para ser los primeros en el país, estoy seguro que en esta materia también lo seríamos.
Debemos ir más allá y retomar la discusión sobre una ley de procesos internos en los partidos políticos que castigue el uso de recursos públicos para ambiciones personales.
Como sostiene el Humanismo Mexicano, el proyecto debe ser colectivo antes que personal.
Finalmente, la transformación exige un nuevo Sistema de valoración.
Ya no basta con auditar instituciones; debemos auditar la congruencia de las personas servidoras públicas.
El Mérito Republicano dicta que el estilo de vida de un funcionario debe corresponder estrictamente a su ingreso y a la austeridad que el pueblo demanda. Quien no pueda demostrar esa honestidad, traiciona la base moral de nuestro movimiento: no mentir, no robar y no traicionar.
El camino para limpiar la democracia mexicana aún es largo, pero hay rumbo, hay debate y, sobre todo, hay un pueblo que ya no se deja engañar.
Con afecto, y esperanza democrática para mi amable y único lector.