En política, las alianzas se construyen con base en intereses compartidos, pero también deberían sostenerse sobre principios mínimos de coherencia. Por eso resulta particularmente contradictorio —y políticamente difícil de justificar— que partidos que han sido beneficiarios directos de la coalición gobernante hayan decidido votar en contra de una reforma electoral que buscaba, entre otros objetivos, disminuir los costos del sistema electoral mexicano.
La propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum planteaba algo que durante años ha sido exigencia recurrente de la ciudadanía: un sistema electoral menos oneroso. Entre sus puntos centrales estaba la reducción de 25 por ciento del financiamiento público a los partidos, la disminución de los costos de organización electoral y la eliminación de las candidaturas plurinominales tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Es decir, una reforma que, en términos políticos, obligaba a los partidos a demostrar si realmente estaban dispuestos a reducir privilegios o si su discurso de austeridad era solamente retórico.
En ese contexto, el comportamiento del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) resulta, por decir lo menos, incongruente. Ambos forman parte de la coalición que llevó al poder al actual proyecto político nacional y ambos han sido ampliamente beneficiados por esa alianza en términos de posiciones legislativas y espacios de poder.
Sin embargo, cuando llegó el momento de respaldar una reforma que tocaba directamente privilegios, decidieron votar en contra. El caso del PT es especialmente llamativo.
En la votación de la Cámara de Diputados, la legisladora tlaxcalteca Irma Garay Loredo se pronunció en contra de la reforma. Lo mismo ocurrió con el diputado Alejandro Aguilar López, aunque algunos reportes nacionales indican que votó en contra mientras que medios locales señalan que simplemente no acudió a la sesión. En cualquier escenario, el resultado es el mismo: la ausencia de respaldo a una iniciativa que el propio movimiento político que los llevó al Congreso estaba impulsando.
La contradicción adquiere mayor dimensión si se observa el contexto político local.
El PT difícilmente habría obtenido por sí solo la representación legislativa que hoy tiene en Tlaxcala sin el impulso de la coalición encabezada por Morena. La realidad electoral de los últimos años demuestra que gran parte de las posiciones obtenidas por ese partido han sido resultado directo de las alianzas. Por eso, votar en contra de una reforma promovida por el propio proyecto político que les abrió las puertas del poder luce, cuando menos, como una muestra de oportunismo político.
Pero el caso de Irma Garay Loredo resulta todavía más simbólico del problema. Su trayectoria política está ligada a una familia que durante años ha sido beneficiaria del sistema de representación proporcional que hoy se niega a modificar. Su padre, Silvano Garay, fue diputado federal en la actual legislatura, y su curul terminó siendo ocupada por su hijo, Silvano Garay Jr., en un episodio que muchos interpretaron como una muestra del uso patrimonialista de las posiciones legislativas.
Es decir, un claro ejemplo de cómo las plurinominales —concebidas originalmente para garantizar pluralidad— han terminado siendo utilizadas en algunos casos como mecanismos de reproducción de élites partidistas.
Irma Garay Loredo ha manifestado su interés en competir por la candidatura al gobierno de Tlaxcala, incluso con el respaldo de sectores de Morena. La pregunta que inevitablemente surge es si esa aspiración puede sostenerse políticamente mientras se vota en contra de una reforma que buscaba eliminar privilegios ampliamente criticados por la ciudadanía.
El caso de Alejandro Aguilar López tampoco escapa a esa lógica de incongruencia. independientemente de si su voto fue negativo o si optó por ausentarse, el hecho político es claro: no acompañó una reforma que formaba parte de la agenda del movimiento que lo llevó a ocupar su actual curul. Su caso comunica distancia, cálculo o, en el mejor de los escenarios, falta de claridad sobre el rumbo del proyecto político al que pertenecen.
Si la austeridad, la reducción de privilegios y la transformación del sistema político son principios que se defienden en tribuna y en campaña, entonces deberían sostenerse también con votos. De lo contrario, el mensaje que se envía a la ciudadanía es peligroso: que los cambios son bienvenidos… siempre y cuando no toquen los intereses de quienes viven de la política. Y en Tlaxcala, donde el debate sobre la renovación del poder estatal comienza a tomar forma, ese tipo de contradicciones difícilmente pasarán desapercibidas. Porque en política, como en la vida pública, la congruencia no se proclama: se demuestra.