Sostengo que la política, cuando es auténtica, no admite simulaciones. Es, ante todo, un ejercicio de congruencia.
Hoy, con la presentación del Plan B de la Reforma Electoral por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, México tiene frente a sí una oportunidad histórica para consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación.
No hablamos únicamente de leyes, hablamos de ética pública, de cerrar la puerta a la vieja lógica del “negocio político”.
En Tlaxcala, los números son contundentes y no deben ignorarse. En apenas unos años, el presupuesto del Congreso local ha crecido de manera desproporcionada, pasando de 230.9 millones de pesos en 2022 a una proyección de 491.4 millones en 2026. Mientras el estado ha crecido presupuestalmente un 33%, el Poder Legislativo lo ha hecho en más de 100%. Algo no está bien.
Aunque somos un estado pequeño, nuestro Congreso cuesta casi el triple que el de Colima y el doble que el de Puebla por cada legislador.
El planteamiento de la presidenta es claro y justo, ningún congreso local debería superar el 0.7% del presupuesto estatal.
Aplicado a Tlaxcala, esto significaría un techo de 210.6 millones de pesos. La diferencia no es menor. Nos ahorraríamos más de 280 millones de pesos que podrían destinarse a escuelas, salud o infraestructura para quienes más lo necesitan. Podría ser que con ese recurso las becas para los universitarios sean para todas y todos los estudiantes.
Respaldar esta propuesta no es un acto político menor, es asumir que el servicio público debe dejar de ser privilegio y convertirse en compromiso real con el pueblo.
La austeridad republicana no es discurso, es una definición moral del poder.
Con afecto y convicción transformadora