Magistrado Enrique Acoltzi Conde
Integrante de la Sala Civil-Familiar del TSJE
Los últimos cuatro años han estado marcados por un salto significativo en la protección de niñas, niños y adolescentes (NNA) en México, pero especialmente en Tlaxcala como estado impulsor de una política pública que sale de la mirada asistencialista, para transitar a un sistema que les reconozca como sujetos de derechos, con la posibilidad de opinar sobre sus propios destinos.
El Poder Judicial ha asumido el compromiso, como integrante del Estado, de asegurar que las infancias y adolescencias tlaxcaltecas tengan órganos especializados que les garanticen escucha, justicia y la posibilidad de un desarrollo pleno.
Así, el Juzgado Especializado en Niñas, Niños y Adolescentes en las materias Familiar y Penal, que recientemente hemos aprobado, es una respuesta a la deuda histórica que los adultos y las instituciones tenemos. También, un compromiso de mirar a través de sus ojos el mundo, sentir con ellos los problemas que les atraviesan y mostrarles que hay espacios donde trabajamos por su bienestar, siempre de su mano.
Desde la Convención sobre los Derechos del Niño, en 1989, México ha avanzado en crear una estructura institucional que vaya más allá de respuestas paliativas para -en su lugar- adentrarse a los orígenes de las violaciones a sus derechos humanos, establecer medidas correctivas y preventivas con miras a alcanzar justicia social para este sector.
Este pacto internacional obliga al Estado Mexicano -y a todos los firmantes- no solo a reconocer sus derechos, sino a que todas las acciones encaminadas a ellos se rijan de tres principios base: el interés superior, el derecho a la supervivencia y al desarrollo, y la escucha de sus opiniones en todos los casos que les involucren.
Velar por ellos y ellas no es opcional. Con la reforma a la Constitución federal de 2011, el principio de interés superior de la niñez quedó consagrado como eje de la acción estatal que obliga a las autoridades administrativas y judiciales a priorizar la máxima satisfacción de los derechos de NNA en todas sus decisiones, acciones o políticas públicas; así como a asegurar un sistema integral de justicia para adolescentes sustentado en la reinserción social y familiar.
En México existen instituciones que asumen esta responsabilidad con mayor ahínco, dadas sus facultades: el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en los tres niveles de gobierno, las comisiones de derechos humanos federales y estatales, las fiscalías; las secretarías de salud, seguridad y educación; además de los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
En este sentido, es fundamental reconocer el trabajo que, durante los últimos años, ha impulsado el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), encabezado por Mariana Espinosa de los Monteros, fortaleciendo la protección integral de niñas, niños y adolescentes a través de acciones coordinadas, la consolidación de procuradurías municipales y una visión centrada en sus derechos y su desarrollo pleno.
Tlaxcala ha dado un paso más allá al articular un entramado institucional que garantiza que cada vez que los derechos de las infancias sean trastocados haya órganos que detecten esas vulneraciones, brinden acompañamiento, ayuden a la reparación del daño y a la restitución plena de cada una de las prerrogativas que están reconocidas por la legislación mexicana y los pactos internacionales.
Con las 60 Procuradurías Municipales de Protección, la entidad creó canales institucionales para asegurar que las niñas, niños y adolescentes involucrados en expedientes administrativos, civiles o familiares cuenten con una representación adecuada de equipos interdisciplinarios que aportan información objetiva para que los juzgados puedan emitir resoluciones que aseguren su interés superior.
Tlaxcala no se queda ahí, con el Acuerdo General 01/2026, ahora las magistradas y magistrados del Poder Judicial se han comprometido a diseñar un Juzgado Especializado en Niñas, Niños y Adolescentes en las materias Familiar y Penal que atienda todos los casos en el estado que vulneren los derechos de este sector, así como los expedientes justicia para adolescentes.
Avanzar hacia una justicia pronta y efectiva no solo es una realidad en el estado, sino un esfuerzo compartido entre los tres poderes que han asumido a la perspectiva de infancia y adolescencia como una exigencia del entorno para asegurar un presente y un futuro digno para los NNA a través de instituciones que les miren, les escuchen, pero que también consideren cada caso con sus singularidades y complejidades.
El modelo de atención a la niñez tlaxcalteca es el primero en todo el país que involucra a los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, a los órganos autónomos y a los ayuntamientos con facultades y órganos específicos para asegurar la cobertura universal, integral, especializada y pensada expresamente en ellas y ellos.
Quienes conformamos el pleno el Poder Judicial estamos convencidos de que solo a través de una protección adecuada a las niñas, niños y adolescentes, el futuro ya no será -como decía Anatole France- un lugar cómodo para colocar los sueños; sino el lugar donde cada sentencia y cada decisión coloque un peldaño para alcanzar el sueño de una vida digna para todas y todos.