En la vida pública, pocas prácticas resultan tan corrosivas para la democracia como el nepotismo. No se trata únicamente de una falta ética: es un mecanismo que distorsiona la competencia política, concentra el poder en círculos cerrados y cancela oportunidades para quienes no pertenecen a determinadas familias. En Tlaxcala, esta práctica no sólo persiste, sino que se ha normalizado y, en algunos casos, impulsado desde el propio poder.
El gobierno encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros ha sido señalado de manera constante por la presencia de redes familiares en distintos espacios de decisión. No es un fenómeno aislado ni marginal: se observa en la administración estatal, en ayuntamientos, en el Poder Judicial e incluso en organismos autónomos. La constante es clara: apellidos que se repiten, cargos que se transfieren y estructuras que se preservan dentro de núcleos familiares privilegiados.
Diversos casos documentados en la esfera pública muestran cómo familiares directos de funcionarios han accedido a posiciones clave, ya sea mediante designaciones o procesos electorales en los que el respaldo político resulta determinante.
En el ámbito municipal, por ejemplo, ha sido evidente el impulso a perfiles con vínculos familiares directos con alcaldes en funciones o salientes. La lógica no es la de la competencia abierta, sino la de la continuidad heredada.
Lo más preocupante es que este fenómeno no parece ser accidental. La gobernadora ha respaldado candidaturas de actores políticos cuyos antecedentes familiares eran conocidos, permitiendo que, tras los procesos electorales, los cargos quedaran en manos de sus propios allegados. Así, se configura un sistema donde el poder no se disputa en igualdad de condiciones, sino que se administra como un patrimonio familiar.
Esta realidad contrasta de forma evidente con el discurso que, desde el ámbito federal, busca erradicar estas prácticas. La propia mandataria estatal ha expresado su respaldo al llamado Plan B en materia electoral que se discute en el Senado de la República, el cual incluye medidas para limitar la posibilidad de que familiares directos hereden cargos municipales de elección popular de manera inmediata. La contradicción es evidente: se apoya una reforma que pretende cerrar el paso al nepotismo mientras, en los hechos, éste se reproduce a nivel local.
El problema de fondo es que cuando los cargos públicos se convierten en extensiones de intereses familiares, se vulnera uno de los pilares de cualquier sistema democrático: la igualdad de oportunidades. La política deja de ser un espacio de representación plural para convertirse en un circuito cerrado donde las decisiones se toman entre unos cuantos, muchas veces sin rendición de cuentas efectiva.
En Tlaxcala, la consolidación de estas redes familiares no sólo debilita la confianza ciudadana, sino que perpetúa desigualdades estructurales en el acceso al poder. Las “familias privilegiadas” no son una percepción, sino una realidad visible en la distribución de cargos y responsabilidades públicas.
Si el combate al nepotismo es una bandera legítima en el discurso nacional, debe empezar por casa. De lo contrario, cualquier intento de reforma quedará reducido a una simulación, mientras en los estados —como Tlaxcala— el poder sigue circulando entre los mismos apellidos.