Mientras la inseguridad, la corrupción y la opacidad carcomen el día a día de los tlaxcaltecas, el vocero del gobierno estatal, Antonio Martínez Velázquez, sigue convertido en el único rostro visible del poder. En los llamados Diálogos Circulares (circuleros sería lo correcto) —ese formato repetitivo y circular que el propio gobierno promociona como ejercicio de transparencia— Martínez Velázquez ha elevado el arte de la negación a nivel de dogma.
Niega, desmiente, acusa a la “mala prensa” y, cuando le conviene, se presenta como víctima. Lo que no hace nunca es anunciar una investigación, mostrar una sola prueba, un peritaje o una comparecencia de quien realmente debería rendir cuentas: la gobernadora Lorena Cuéllar o la fiscal del estado.
Las declaraciones más recientes del vocero, no hacen más que confirmar el patrón. Posterior a la marcha del 8M, Martínez Velázquez habló de “diálogo constructivo”, pero evitó tocar los temas que realmente duelen: la desaparición y asesinato del matrimonio Tello-Ruíz y la supuesta narconómina del Cártel Jalisco Nueva Generación que salpicó a 40 policías estatales. Cuando finalmente los abordó, lo hizo con la misma receta: negación rotunda y ataque al mensajero. Sus diálogos solo se han convertido en pasarela de funcionarios mediocres.
En el caso Tello-Ruíz, el vocero fue contundente: “Ninguna de las líneas de investigación es sobre delincuencia organizada”. Calificó las declaraciones de la fiscal de Puebla, Idamis Pastor, como “precipitadas”, “sin sustento” y “ruido innecesario”. Acusó a la Fiscalía poblana de “falsear datos” y de contaminar el proceso.
Pero nunca exhibió en el podio una solo acta, un peritaje balístico o una carpeta de investigación abierta. Solo palabras. Mientras tanto, los cuerpos de Alexandro Tello y Karina Ruiz aparecieron en Chignahuapan después de desaparecer en territorio tlaxcalteca. La contradicción entre dos fiscalías hermanas quedó al aire, sin que ninguna autoridad superior —ni Cuéllar ni la fiscal tlaxcalteca— saliera a explicar con pruebas. Martínez Velázquez también desmintió cualquier vínculo familiar con los detenidos: “Eso corresponde al terreno de la ficción, no del periodismo”. Otra vez, sin mostrar nada.
Días después llegó el turno de la narconómina. El 17 de marzo, el vocero dijo con entusiasmo que la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que la escena donde se halló la lista manuscrita fue “alterada y contaminada”, sí, es muy posible, pero eso no descalifica ni es indició suficiente de que no es auténtica.
“Queda claro el sentido de esto, nosotros como gobierno del estado lo sostuvimos desde un principio”, celebró. Pidió “que no se siga especulando” y que cese la “calumnia”. ¿Su prueba? Cero. Ni una auditoría interna de la Secretaría de Seguridad Pública, ni un informe de la propia Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), ni la comparecencia de un solo comandante señalado. Solo el “nosotros lo dijimos primero”. La misma táctica de siempre: usar la duda federal para cerrar el debate local sin abrir los libros propios.
Apostarle a que los graves temas de inseguridad se pierdan en las páginas del silencio, la negación y el olvido, no es una buena estrategia.
Este mecanismo de negación sistemática no es nuevo. Martínez Velázquez ha repetido hasta el cansancio que “en Tlaxcala no existe crimen organizado”, pese a los reportes de la DEA, las alertas de Puebla y los señalamientos nacionales sobre la permeabilidad de corporaciones policiales.
Cada vez que surge un hecho incómodo —inseguridad en la zona limítrofe, pagos sospechosos, nepotismo en dependencias—, la respuesta es la misma: “investigaciones en curso” ¿cuáles?, ¿avances?, “estrategia jurídica” y “no especulen”. Palabras huecas que, lejos de tranquilizar, siembran más dudas. Porque si todo estuviera tan bien como dice el vocero, ¿por qué la gobernadora no sube al podio? ¿Por qué la fiscal brilla por su ausencia? ¿Por qué el único que habla es el coordinador de Comunicación?
Y aquí entra el elemento más penoso del espectáculo: el protagonismo y la victimización personal. El dictador dedicó parte de su Diálogo Circulero a denunciar memes y ataques en redes sociales que aluden a su orientación sexual. “El odio no es humor”, dijo.
Llamó a denunciar páginas de Facebook y exigió a los medios no usar “discursos de odio” para criticar a servidores públicos. Nadie discute que los ataques homófobos son repudiables y deben perseguirse. Pero utilizar ese tema para desviar la atención de los grandes problemas de Tlaxcala es un recurso bajo y predecible.
Sus preferencias sexuales o su activismo en la comunidad LGBT+ no están en juicio, no nos importan; lo que está en juicio es su desempeño como vocero. ¿Dónde están las evidencias? ¿Dónde están los documentos? ¿Dónde está la rendición de cuentas real?
Al convertirse en protagonista y víctima simultánea, Martínez Velázquez logra dos cosas: opaca los temas estructurales (corrupción, nepotismo, falta de transparencia) y coloca al gobierno en posición de “perseguido”. Mientras tanto, informes independientes siguen señalando que Tlaxcala reprueba en indicadores de acceso a la información y que más de la mitad de los ayuntamientos no cumplen con la ley de transparencia.
La inseguridad no desaparece por decreto, con na declaración o un boletín de prensa. La corrupción no se desvanece con un comunicado de la FGR. Y el nepotismo —amigos y familiares en puestos clave— tampoco se resuelve con negaciones.
Los Diálogos Circulares, lejos de ser un ejercicio democrático, se han convertido en una barrera informativa. Sí son “circulares” no solo por el nombre: giran en el mismo lugar sin avanzar nunca hacia la verdad. El vocero habla, habla y habla, pero no informa. Niega hechos evidentes, siembra dudas sobre las autoridades vecinas, celebra dudas federales que no resuelven nada local y, cuando la presión sube, recurre al papel de víctima de la “mala prensa perversa”. Todo sin que la gobernadora Lorena Cuéllar —la verdadera responsable— asuma el costo político de comparecer. Sin que la fiscal explique por qué no hay avances visibles en casos que conmocionan a la ciudadanía.
Los tlaxcaltecas tienen derecho constitucional a saber la verdad. No con dichos, no con “confiamos en las investigaciones en curso”, sino con documentos, investigaciones, peritajes, auditorías y comparecencias públicas que muestren pruebas.
Mientras el “pequeño dictador del podio” siga monopolizando la palabra y la gobernadora se refugie en el silencio, las sospechas no harán más que crecer. Para el gobierno, Tlaxcala es un paraíso donde los problemas se ocultan detrás de un vocero que prefiere victimizarse antes que transparentar.
La respuesta no la dará Martínez Velázquez en su siguiente Diálogo Circular. La respuesta la darán los hechos, las pruebas y, sobre todo, la comparecencia obligada de quienes realmente gobiernan. Hasta entonces, los Diálogos Circulares seguirán siendo lo que son: un monólogo disfrazado de diálogo, una cortina de humo que solo beneficia a la cúpula y deja a los tlaxcaltecas en la oscuridad.
El vocero puede seguir negándolo todo. La realidad, tarde o temprano, lo desmentirá.