En repetidas ocasiones hemos escuchado de las autoridades, especialmente de las encargadas de la seguridad pública, cuando les preguntan sobre los casos de violencia en sus diversas dimensiones y magnitudes que ocurren en el estado o en los municipios, responden que se trata de casos aislados.
Cuando alguien menciona que son casos aislados, entonces se refiere a incidentes esporádicos o eventos únicos, raros, excepcionales que no forman parte de un patrón de conducta, serie o tendencia general; de tal manera que un caso aislado es algo que ocurre alguna vez con la improbabilidad que se repita o que por lo menos no vuelva a repetirse en el corto tiempo.
Un ejemplo, pueden ser los cortes de energía eléctrica en algunos lugares por causa de una tormenta, pero que no se espera que se repita en otra tormenta; otro ejemplo es cuando un individuo tiene una reacción cuando se le administra algún medicamento, pero que no lo tiene el resto de los pacientes; o bien cuando una unidad automotriz tiene una falla eléctrica o mecánica, pero que las demás unidades de la misma producción no la presentan.
En este sentido, se puede afirmar que cuando se dice de “casos aislados”, se está aludiendo a hechos que ocurren solo una vez, sin relación directa con otros hechos, que aparece ocasionalmente y sin continuidad y no forma parte de la norma.
Sin embargo, en nuestro estado, en los últimos años, se han conocido de manera recurrente de diversos actos de violencia contra la ciudadanía que han generado una percepción creciente de inseguridad, de que las autoridades están incumpliendo en sus tareas de preservar la seguridad de las personas y de su patrimonio, de que las organizaciones delictivas han rebasado al Estado y de que, por tanto, la seguridad es responsabilidad individual.
Entre estos hechos están los asaltos con violencia dentro o fuera de las casas, en la vía pública o en el transporte público, e incluso dentro de las instalaciones bancarias, eventos que se presentan tanto en el día como en la noche, así como de intentos de linchamiento en distintas poblaciones contra presuntos delincuentes que algunas veces han concretado. Estos no son casos aislados.
Un hecho lamentable, sin ser el único, desafortunadamente, es el asesinato de dos maestras en un bachillerato de Michoacán por un estudiante de la misma institución, que ocurrió el pasado martes 24 de marzo. Las dos maestras eran reconocidas en su escuela por su trabajo y su gran vocación por la docencia.
Este hecho, independientemente de las líneas de investigación que sigan las autoridades correspondientes, sobre los motivos del estudiante para asesinar a sus maestras o si eran otros el objetivo de su agresión, del uso y posesión de un arma de uso exclusivo del ejército, de la discusión de cómo se debe juzgar al homicida por ser menor de edad o de las sanciones que se apliquen por sus actos, es también una llamada de atención para reflexionar sobre la violencia que rodea al trabajo escolar.
No es un caso aislado porque las causas que lo originan, como dicen los analistas y columnistas, son estructurales; es decir, son producto del deterioro social que vive nuestro país, de la indiferencia de las autoridades por recuperar el tejido social, de la permisividad de que los delitos o actos ilegales solo merecían, como se decía en el sexenio anterior, una regañada de su abuelita quien les daría un jalón de orejas, pero, sobre todo, de la ineficiencia de las políticas públicas orientadas a la atención de la juventud, porque no se trata solo de becas, ni de discursos, se trata de su salud integral física y mental.
Sin intentar hacer un recuento de los casos de violencia en las escuelas que a nivel estatal se han suscitado, aunque también han ocurrido en otras entidades del país, destacan los lamentables hechos ocurridos en secundarias o bachilleratos de distintos municipios del estado y en la normal de Panotla, donde se han presentado agresiones entre los mismos estudiantes, entre estudiantes y maestros, o agresiones de los padres de familia hacia los maestros.
Estos hechos muestran una crisis de abandono institucional, la existencia fallida de los protocolos de actuación, autoridades que intentan silenciar casos de agresiones y, sobre todo, la inexistencia de registros de agresiones en las instituciones.
Las muertes de las maestras de Michoacán, María del Rosario y Tatiana, de 36 y 37 años, respectivamente, deja una profunda herida en sus familias, en su comunidad escolar, siembra temor y desconfianza en las instituciones educativas y exige acciones inmediatas de las autoridades para prevenir estos hechos que tanto lastiman..