Nos dijeron que la transparencia era el horizonte de las sociedades democráticas, que hacer visible la información, abrir datos e intensificar la vigilancia produciría sujetos más libres e instituciones más responsables, pero como advierte Byung-Chul Han en La Sociedad de la Transparencia, la exposición no libera, sino que disciplina; lejos de garantizar derechos, la transparencia ha convertido la vida en dato y el dato en mecanismo de control.
Y es que las formas de dominación de los sujetos se han transformado. En este sentido, el paso del poder disciplinario al poder de control no implica que unas formas de dominación hayan reemplazado a otras, sino que coexisten simultáneamente sobre la vida social. Por un lado, el poder disciplinario, conceptualizado por Michel Foucault, se caracteriza por operar a través de instituciones como la escuela o la prisión. Su lógica se basa en la vigilancia, la normalización y la corrección de los cuerpos. A través de dispositivos como el panóptico, el poder se ejerce mediante la posibilidad constante de ser observado, produciendo sujetos que interiorizan la disciplina. Sin embargo, en el contexto contemporáneo ya no imperan las sociedades disciplinarias, sino las sociedades control problematizadas por Gilles Deleuze. En este tipo de sociedades, el poder ya no se limita a las instituciones cerradas, sino que de despliega de manera continua, flexible, descentralizada. En este sentido, el poder contemporáneo no encierra, sino que rastrea; no prohíbe, sino que gestiona; no disciplina, sino que modula conductas a través de sistemas de información.
En las sociedades contemporáneas, el ejercicio del poder ha dejado de operar únicamente a través de la coerción visible para desplazarse hacia formas más sutiles, difusas y profundamente interiorizadas. La propuesta de Byug-Chul Han en La Sociedad de la Transparencia permite comprender este giro: la transparencia, lejos de constituir únicamente un ideal democrático asociado a la apertura y la rendición de cuentas, se convierte en un dispositivo que promueve la exposición constante de los individuos.
Lo alarmante es que esta rendición de cuentas – y sobre todo de datos- ya no completamente impuesta, sino que los propios sujetos se convierten en participes activos en la producción de información sobre sí mismos. De este modo, alimentan continuamente sistemas que transforman sus experiencias, interacciones y prácticas en datos disponibles, analizables y potencialmente controlables. Las plataformas como Facebook o Tik Tok ejemplifican este proceso, al incentivar la autoexposición constante bajo la lógica del reconocimiento, la interacción y la visibilidad.
El caso del registro de teléfonos móviles en México -impuesto como requisito obligatorio desde el 09 de enero de 2026 y estableciendo como plazo el 30 de junio del mismo año- para que las personas usuarias asocien sus líneas telefónicas con sus datos personales constituye un ejemplo claro de cómo las lógicas contemporáneas de poder articulan seguridad, tecnología y producción de datos, en caso de no hacerlo se advierte la suspensión del servicio. Es importante enmarcar que el intento por implementar mecanismos de registro y control de datos no es reciente; más bien, forma parte de una serie de iniciativas impulsadas en los últimos años en materia de seguridad. Propuestas como la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, discutidas en el contexto político reciente, apuntan hacia la consolidación de sistemas más amplios de recopilación, interconexión y análisis de información sobre la población. Sin embargo, estos intentos no han estado exentos de tensiones. Un antecedente clave es el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que fue declarado inconstitucional y anulado por la Suprema Corte de justicia de la Nación en 2022, al considerar que vulnera derechos fundamentales como la privacidad y la protección de datos personales.
En términos generales, la justificación que ha acompañado a este tipo de propuestas impulsadas en distintos momentos por el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum gira en torno a tres ejes: 1) combate a extorsión y secuestro; 2) Mejorar las capacidades de investigación e inteligencia; 3) ordenamiento del padrón de usuarios de telefonía. Si bien, se trata de justificaciones que se presentan como medidas necesarias para la seguridad, se pone en evidencia una tendencia más amplia: La creciente centralidad de datos como mecanismo de gobierno. En este sentido, lo que está en juego es una forma distinta en que se ejerce el poder. El significado de gobernar ya no se reduce a imponer leyes, policías, instituciones; implica recolectar, procesar y administrar datos, a través de los cuales se vuelve posible conocer, anticipar y regular la conducta de la población.
Como lo advierte Deleuze, en las sociedades de control los individuos son traducidos en información susceptible de ser monitoreada y gestionada de manera continua. Al mismo tiempo, con Byug-Chul Han entendemos que estas políticas encuentran legitimidad en la lógica de la transparencia: se presentan como necesarias y orientadas al bien común, lo que hace que la entrega “voluntaria” de datos parezca razonable e incluso deseable. En este proceso, la preocupación por la privacidad de datos se debilita y se reemplaza por una especie de obligatoriedad para hacerse visibles.
Así, el registro de líneas móviles no debe entenderse solo como una medida de seguridad, sino como parte de un cambio más amplio en la forma en que se ejerce el poder en la era digital, donde la visibilidad, la exposición y la producción de datos se convierten en herramientas de contro