En Tlaxcala, la discusión pública ya no gira únicamente en torno al ejercicio del poder, sino a su concentración. Lo que comenzó como un proyecto político con amplio respaldo ha derivado, con el paso del tiempo, en una estructura que parece extender su influencia más allá de los límites razonables de equilibrio institucional.
El gobierno encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros no sólo ha consolidado su presencia en el Poder Ejecutivo, sino que ha logrado una incidencia notable en otros espacios: el Legislativo, el Judicial, diversos ayuntamientos y, cada vez con mayor claridad, en órganos que deberían actuar con plena autonomía.
En ese contexto, el papel del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) genera inquietud. La actuación de su presidente, Emmanuel Ávila González, particularmente en su decisión más reciente de salvarle la cara al alcalde capitalino Alfonso Sánchez García, abre un debate legítimo: ¿se está preservando la imparcialidad institucional o se está respondiendo a intereses políticos específicos?
Más allá de una filiación partidista, lo que parece perfilarse es una apuesta por un proyecto político concreto: el denominado “lorenismo”. Sin embargo, ese proyecto enfrenta hoy un desgaste evidente. La figura que se perfila como continuidad, el alcalde capitalino Alfonso Sánchez García, no logra consolidar el posicionamiento esperado. Diversas mediciones -y, sobre todo, la percepción política en distintos círculos- apuntan a una distancia con respecto a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, que no se ha podido cerrar.
No es un diagnóstico aislado. Voces relevantes dentro del propio movimiento han advertido sobre este escenario. Entre ellas, la de Alfonso Ramírez Cuéllar, quien habría señalado la dificultad de revertir la tendencia actual.
En este punto, el debate se vuelve más complejo. Gobernar no sólo implica administrar el presente, sino también prever el futuro. Y en Tlaxcala, el futuro comienza a plantear interrogantes incómodas. La necesidad de garantizar continuidad política no puede traducirse en una presión indebida sobre instituciones que deben ser árbitros, no jugadores.
El riesgo de fondo es claro: si los órganos autónomos pierden credibilidad, el sistema entero se debilita. Y cuando las decisiones públicas parecen responder a cálculos de supervivencia política, se erosiona la confianza ciudadana.
Tlaxcala no es ajena a lo que ha ocurrido en otras entidades del país, donde los procesos de sucesión han estado marcados por tensiones, rupturas y, en algunos casos, revisiones severas del ejercicio gubernamental saliente. La historia reciente ofrece suficientes ejemplos como para ignorarlos.
Por ello, más que insistir en proyectos que no terminan de despegar, el momento exige altura política. La gobernadora tiene frente a sí una decisión clave: persistir en una estrategia que muestra signos de agotamiento o encabezar una transición ordenada, institucional y abierta al diálogo.
Apostar por lo segundo no es una señal de debilidad, sino de responsabilidad. La mandataria ha evidenciado una concentración de poder en exceso, sin embargo, tarde o temprano enfrentará sus propios límites, que hoy mismo ya comienzan a hacerse visibles.