Sinaloa dejó de ser una crisis local para convertirse en un espejo incómodo del país. Lo que hoy se conoce, a partir de una acusación formal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York es la radiografía clara y nítida de un narco gobierno.
No hablamos de rumores, sino de una acusación ampliada ante una corte federal, que describe, con nombres, cargos y funciones, una estructura de poder donde el crimen organizado no solo corrompe, sino que opera desde dentro del Estado.
Y en el centro de esa trama aparece el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
La tesis es brutal por su claridad, porque Rubén Rocha hizo un pacto electoral para acceder al poder y a cambio, cedió el gobierno a sus socios, Los Chapitos.
Según la demanda, la elección de 2021 habría sido intervenida por el narco. Violencia, intimidación, robo de urnas, neutralización de adversarios a cambio de posiciones de poder, control de corporaciones, protección sistemática, en suma, se concretó la sustitución del Estado por una estructura criminal.
El expediente describe policías que no detienen, fiscales que no investigan, mandos que filtran operativos, patrullas que trasladan droga, autoridades que liberan detenidos y, en el extremo, participación en secuestros y asesinatos, en suma, las instituciones del Estado fueron puestas al servicio de Los Chapitos.
Frente a esto, el silencio o la minimización del Gobierno Federal no solo es irresponsable, es peligroso. Porque cuando el poder duda ante indicios de esta magnitud, el mensaje es que la impunidad también se gobierna.
Por ello es urgente que se inicie el procedimiento de desaparición de poderes en Sinaloa. La Constitución prevé este mecanismo para momentos extraordinarios, y este lo es. No se puede combatir al crimen desde un gobierno señalado de haber llegado con su apoyo.
Al mismo tiempo, la Fiscalía General de la República tiene la obligación de abrir una investigación propia, seria y sin cálculos políticos. Y el fuero no puede seguir siendo escudo, pues quien tenga responsabilidad, que enfrente la justicia.
Pero hay algo más de fondo. Sinaloa podría no ser un caso aislado. Los indicios de colusión entre poder político y economías criminales, desde el narcotráfico hasta el huachicol fiscal, obligan a mirar más allá. Este puede ser el primero de varios expedientes que, tarde o temprano, alcancen a otros gobiernos.
México no puede normalizar la sospecha de que el crimen decide elecciones o administra territorios. No puede aceptar que la violencia sea método político ni que las instituciones funcionen como ventanilla de intereses criminales.
Porque cuando el crimen gobierna, la democracia deja de existir. Y lo que queda, aunque tenga forma de gobierno, es otra cosa. Una muy peligrosa, el crimen organizado gobernando el país.