- Política
- Intervención en tribuna de la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar sobre el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular.
- El voto de la legisladora tlaxcalteca fue en contra del dictamen porque es contrario a la voluntad y dignidad de los mexicanos.
"Quiero comenzar recordando un poco a Sartori, cuando menciona el significado etimológico de democracia como “…el gobierno o el poder del pueblo…”, ya que como se presenta en el dictamen de esta minuta y por la manera como se procesó la reforma energética en diciembre pasado tal parece que en nuestro país, el “pueblo” significa la voluntad del PRI y del PAN.
Porque digamos las cosas como son, los términos de este dictamen tienen dedicatoria y lo de fondo es que no quieren que los ciudadanos vuelvan a cuestionar las reformas constitucionales que están entregando nuestro patrimonio nacional a las petroleras extranjeras.
No conformes con haber construido a modo del gobierno en turno, la redacción del artículo 27 Constitucional, y me refiero al séptimo párrafo en donde el petróleo y los hidrocarburos son considerados expresamente como una actividad de ingresos del Estado, ahora lo ensamblan a lo dispuesto por la fracción OCTAVA numeral TERCERO, del artículo 35 de esta minuta, en el sentido de que no es motivo de consulta popular los ingresos y gastos del Estado, y peor aún: pretenden convertir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una oficina de trámite del Ejecutivo.
La Suprema Corte, que debería estar para declarar el derecho en casos de conflicto legal, constitucional, se convertirá en la oficina del Presidente que califique y diga cuando un tema es materia de la consulta popular por ser de trascendencia nacional y ser constitucionalmente procedente, sin que exista la posibilidad de una controversia legal de por medio.
Qué bonito: así se ahorran tener que resolver conflictos sobre si un tema que proponga el Presidente, deba ser o no motivo de la consulta, adelantándose a calificar la procedencia de los temas, para que nadie pueda oponerse a las decisiones del gobierno, porque ya estará resuelto de antemano por la máxima autoridad jurisdiccional contra la que ya no se puede oponer recurso o juicio de amparo alguno.
Por ello, quiero expresar con toda firmeza mi voto en contra de este dictamen. Considero que una vez más se atienden los intereses de la cúpula en el poder quedando atropellados los derechos de los ciudadanos.
El estado debe tener plena comprensión “entre una ciudadanía pasiva, aquella ciudadanía formal, consagrada legalmente que supone sujetos de derechos protegidos por el Estado, y una ciudadanía activa, que requiere la existencia de ciudadanos capaces de hacer exigibles sus derechos, de realizar prácticas autónomas, deliberantes y participativas”, que en esencia deberíamos respetar en cualquier visión de participación social.
Al Estado mexicano le corresponde la obligación ineludible de rendir cuentas y de ser transparente en su desempeño, aquí hemos trabajado mucho en ello, y a la sociedad civil, a los mexicanos, la responsabilidad de ejercer control ciudadano y desarrollar ciudadanía activa, a través de su derechos a opinar y obligar a cambiar las decisiones que considere conveniente.
Sí, el Estado mexicano tiene una responsabilidad ante la ciudadanía de trabajar por su bienestar permanentemente y los ciudadanos a su vez tienen la tarea de exigir el “derecho a tener derechos” y el cumplimiento de los compromisos sociales de los gobiernos no por prebenda sino por una responsabilidad que las leyes le demandan.
Que no sean estos nefastos y oscuros intereses de la venta de nuestro patrimonio petrolero, los que limiten garantizar el derecho para que los mexicanos tengamos capacidad constitucional de injerencia en la toma de decisiones del poder político.
Cada día, esto se parece más a un reinado o a una dictadura, que a un país con vocación democrática. Lo triste y lamentable es que nos estamos encaminando hacia un régimen autoritario, del cual muchos están siendo cómplices y no se dan cuenta de que ellos mismos empezarán a ser víctimas del servilismo que están profesando, cuando tengan que sufrir alguna acción del ejecutivo que los perjudique, incluso personalmente.
¿Qué tiene este gobierno en contra de los mexicanos que los ignora?; su maestro Salinas les dejo el “ni los veo ni los oigo”… y hoy quieren llevarlo a las leyes.
Aun con los cambios realizados al dictamen en las últimas horas, no se garantiza el derecho de los ciudadanos para revertir las reformas constitucionales que ellos desean; el grupo en el poder y su red de complicidades le cierra el paso a la voluntad de los mexicanos.
Dejo así constancia, que quienes hoy dicen estar a favor de la consulta popular para que el pueblo de México participe en decisiones de trascendencia nacional y dicen que estos cambios les darán las herramientas necesarias, el día de mañana, desgraciadamente, veremos que todo ha sido una farsa perpetuada nuevamente callando al pueblo de México".