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Ante el incremento de las agresiones y presiones que viven los comunicadores en la entidad, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Santiago Sesín Maldonado presentó al pleno del Congreso una iniciativa de reforma legal a fin de crear la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en contra de los Periodistas y los Medios de Comunicación, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
En la sesión ordinaria de este jueves, el legislador perredista presentó una propuesta de reforma y adición a la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público local, a través de la cual se pretende establecer una instancia especializada que pudiera indagar aquellas denuncias presentadas por trabajadores de los medios de comunicación que han sufrido agresiones y otro tipo de presiones.
El legislador justificó su propuesta al establecer que de acuerdo con la Constitución Política federal, el derecho a la información será garantizado por el Estado, pero “en la realidad, toda esta disposición queda en el plato utópico, basta leer los principales medios impresos o digitales o revisar las redes sociales para darnos cuenta de que hoy en día ejercer nuestra libertad de expresión, conlleva costos tan altos que van desde la denuncia, el hostigamiento o, en el peor de los casos, la vida misma.
Citó un reporte elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el cual da cuenta que en 10 años se iniciaron 505 expedientes de quejas con acciones relacionadas con agravios contra periodistas, pero las autoridades encargadas de procurar justicia han incurrido en dilación y deficiente integración de las indagatorias, creando lo que hoy ya se conoce como “impunidad institucionalizada”.
Y de esa impunidad institucionalizada, enfatizó Sesín Maldonado, “Tlaxcala no se ha escapado. De acuerdo con información difundida por la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET), en los últimos años, trabajadores de los medios de comunicación han promovido 12 denuncias ante Procuraduría General de la República (PGR) por agresiones y atentados diversos en contra de comunicadores; sin embargo, para mala fortuna de este gremio periodístico, sólo tres de estos recursos se turnaron a fuero común, pero en ninguno hay sancionados”.
La propuesta fue remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su análisis y dictamen correspondiente.