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Pese a obtener ahorros de hasta siete mil 500 dólares por laborar en el campo canadiense de manera legal, los migrantes tlaxcaltecas y en general los mexicanos, corren muchos riesgos en su integridad física pues prácticamente no tienen acceso a la protección en higiene en el desarrollo de sus actividades en granjas, invernaderos y empacadoras.
Así lo reveló la enlace para México del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) México – Canadá, Andrea Gálvez González, quien dijo que en los periodos de empleo de seis semanas a ocho meses se dan en promedio hasta 10 muertes.
En entrevista, Gálvez González anunció que en el marco del 40 aniversario del PTAT, el cual ha sido considerado un modelo en términos de regulación de flujos migratorios laborales temporales, el próximo 6 de marzo se efectuará un foro en Tlaxcala con la participación de académicos, migrantes y sector gubernamental, en el que se discutirá ese fenómeno y se propondrán políticas públicas para proteger sus derechos humanos y como empleados, así como garantizarles acceso a los programas sociales en sus estados de origen.
En entrevista, precisó que Tlaxcala “envía” cada temporada más de dos mil trabajadores agrícolas a Canadá de manera legal, siendo los municipios de Lázaro Cárdenas, Nanacamilpa e Ixtacuixtla los principales “exportadores”.
El 75 por ciento de ellos trabaja en el sector de la orticultura, el 18 por ciento en invernaderos y el resto en empacadoras, quienes logran ahorros económicos de hasta siete mil 500 dólares y que representan una importante fuente de divisas para sus familias y municipios, agregó.
El foro se denominará “Análisis y propuestas de políticas públicas en materia de trabajo temporal Mécico – Canadá”y reunirá a los diversos actores involucrados en el PTAT de la región Puebla – Tlaxcala, con la finalidad de potenciar los esfuerzos de gobierno, sindicatos, sociedad civil y academia en la promoción de mejores prácticas y atención a las personas que participen en el programa.
Y es que, apuntó Gálvez González, “durante la última década (el programa) ha tenido problemas estructurales dentro del mecanismo; esas consecuencias derivan en fallas en prevención, capacitación y protección, que representan un costo en términos de recursos económicos, recursos de salud física y mental tanto del trabajador como de su familia y aún de su comunidad”.