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El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ya dio vista al Ministerio Público para que ejercite acción penal en contra de los jueces federales Hiram Barbosa Alanís y Luis Armando Jerezano, quienes presuntamente favorecieron a grupos de empresarios de centros de apuestas que operan en Nuevo León, Quintana Roo y Coahuila, informaron funcionarios de la Subprocuraduría de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR).
Asimismo, el CJF dio a conocer que Mario Alberto Pardo Rodríguez se separó de su cargo como secretario técnico de la ponencia del consejero Daniel Cabeza de Vaca Hernández, a fin de ‘‘facilitar la investigación del caso en que se han visto involucrados funcionarios judiciales federales sobre posibles actos ilícitos relacionados con la actividad de casinos’’.
De acuerdo con una nota del periódico La Jornada, las investigaciones por la presunta vinculación de jueces y magistrados con resoluciones que beneficiaban a propietarios de casinos se ventila desde 2011, y tanto la PGR como el Poder Judicial Federal han realizado diligencias para determinar el grado de responsabilidad en que pudieron haber incurrido los impartidores de justicia.
A ese respecto, el CJF y la PGR han compartido información financiera, de desempeño y de tipo administrativo, que ha acreditado que al menos los jueces Hiram Barbosa Alanís y Luis Armando Jerezano deben ser consignados y posteriormente procesados por delitos contra la administración de la justicia y operaciones con recursos de procedencia ilícita, señalaron las fuentes consultadas.
Ayer, tras conocerse la separación de Mario Alberto Pardo, el Consejo de la Judicatura recordó que en enero pasado el órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial Federal encontró elementos suficientes para indagar procedimientos disciplinarios de oficio en contra del juez Luis Armando Jerezano Treviño y de quien fuera su secretario de juzgado, Gerardo Tiscareño Mercado, por conductas constitutivas de probables irregularidades de su desempeño en el juzgado cuarto de distrito de La Laguna, en Torreón, Coahuila.
Asimismo, el CJF agregó que ‘‘en su sesión del pasado 5 de marzo resolvió iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de Barbosa Alanís y de sus secretarios Héctor Fernando Monterrubio, Alejandro Tovar Álvarez y Eusebia González González, y suspenderlos hasta en tanto se resuelva el mismo’’.
Ayer, la Judicatura reiteró que indagará todas las quejas o denuncias que se presenten en contra de los impartidores de justicia. Ambos jueces y sus colaboradores se encuentran suspendidos en sus funciones por el CJF.
La separación de Alberto Rodríguez como secretario técnico de uno de los consejeros de la Judicatura Federal se dio el mismo día en que se difundió en un diario que dicho funcionario se reunió personalmente con el magistrado federal José Manuel Rodríguez Puerto, quien pidió el apoyo de la Judicatura para lograr un cambio de adscripción.
El magistrado Rodríguez forma parte de un tribunal colegiado en Tamaulipas y pretendía, mediante el apoyo del abogado Francisco Salazar Arreozola (apoderado legal de Juan José Rojas, el llamado zar de los casinos), conseguir un cambio de adscripción para hacerse cargo de un tribunal con sede en Monterrey, ciudad donde abundan empresas dedicadas al servicio de las casas de apuesta.
Destapan los lujosos gustos de otro magistrado
El magistrado Eduardo Ochoa Torres, quien es uno de los integrantes del Poder Judicial de la Federación con presuntos nexos con el operador del Zar de los Casinos, Juan José Rojas Cardona, también gusta de los centros de juego, y en enero pasado viajó a Las Vegas, Nevada, con su esposa, en una avioneta privada, para disfrutar de las atracciones de esa ciudad.
A partir de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inició una investigación sobre los vínculos de jueces y magistrados con casineros, una de las líneas implica que se revisará la situación patrimonial de Ochoa Torres; se indagará, por ejemplo, si este tipo de vacaciones que tomó corresponden a sus ingresos como servidor público, ya que las habitaciones del hotel Wynn, en el que se hospedó, se cotizan entre los 300 y los 3 mil dólares por noche.
El lunes pasado, el periódico El Universal informó sobre los nexos de amistad entre Ochoa Torres, magistrado de circuito del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del estado de Nuevo León, y Francisco Salazar Arreozola, apoderado legal y encargado de las relaciones públicas del Zar de los Casinos.
Grabaciones de conversaciones telefónicas que sostuvieron en diciembre de 2013 revelan que el servidor público presuntamente gestionó que la gente de Rojas Cardona contactara a otros jueces federales para “atender” sus casos judiciales, y los audios revelan que incluso se llegó a concertar un pago para un juzgador con el objetivo de incidir en sus resoluciones.
El CJF anunció que se investigarán estos hechos —así como todos los casos de juzgadores en los que haya indicios de vínculos con casineros—. En este caso un Comité Especial revisará las resoluciones emitidas por el magistrado Ochoa Torres, ya que a su tribunal le ha tocado atender 51 expedientes distintos entre 2012 y 2013, entre amparos directos o en revisión, quejas y recursos de reclamación presentados por los abogados de Rojas Cardona.
Según la nota del diario El Universal, otra de las líneas de investigación del CJF será solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como a las autoridades hacendarias, toda la información relativa sobre las cuentas y bienes de Ochoa Torres y sus familiares, a fin de determinar si su forma de vida corresponde a los ingresos que percibe como servidor público o si existen anomalías.
Aunque las percepciones del magistrado Ochoa Torres sí le permitirían realizar un viaje a Las Vegas, como el que hizo en enero pasado con su esposa, al considerar que sólo de sueldo base mensual percibe más de 124 mil pesos, y casi el doble de esa cifra por concepto de aguinaldo, más 419 mil pesos por pago de riesgo, según establece el Acuerdo General del Pleno del CJF sobre las condiciones generales de trabajo de magistrados de circuito.
La grabación de una conversación con Salazar Arreozola da cuenta del viaje, en una avioneta privada —que presuntamente habría puesto a su disposición este operador del Zar de los Casinos—, y de que el magistrado se hospedó en uno de los más lujosos hoteles resorts de Las Vegas. Este es parte del diálogo:
Magistrado: —¿Qué onda Francisco?
FSA: —¿Ya llegaron, sí llegaron a salvo?
Magistrado: —Sí, estamos aquí en el Wynn, nos acabamos de sentar, vamos a comer entramos a un restaurante, a un steake house.
FSA: —Ah, qué bueno.
Magistrado: —¿Cómo ha ido todo por allá?
FSA: —No, todo bien, muy bien. (inaudible) después.
Magistrado: —¿En el nuevo lugar?
FSA: —No, yo hasta el martes (inaudible).
Magistrado: —Ah, ok
FSA: —No, todavía voy el sábado a empacar.
Magistrado: —¿Novedades por allá?
FSA: —No, todo en orden, nomás queríamos ver si ya habían llegado, con eso de que viajan en avioneta, está cañón.
Magistrado: —Es un avión “mamalón”
FSA: —ja, ja.
Magistrado: —Y ya estamos aquí sentados en el Wynn, ya instalados y todo.
FSA: —Ah, qué bueno, entonces están en el Wynn
Magistrado: —En el Wynn, estamos en el hotel Wynn.
FSA: —Ah, qué padre, no pues pásenla bien.
Magistrado: —Bueno, pues ahí te encargo todo, cuida a Lalito.
FSA: —Simón, ya sabes que sí.
Magistrado: —Bueno, cualquier cosa hablamos.
En una posición por escrito, el magistrado de circuito en Materia Civil, Eduardo Ochoa Torres, admitió que desde 1995 es amigo de Francisco Salazar Arreozola, apoderado legal y encargado de Relaciones Públicas de Juan José Rojas Cardona. Sin embargo, dijo que no ha resuelto ningún asunto relacionado con clausuras o suspensiones de algún casino. Ochoa Torres expresó que está abierto a la investigación que sobre este tema inicie el CJF.
Dijo que su tribunal conoció recientemente un asunto relacionado con un concurso mercantil de la empresa Entretenimiento de México (Emex), cuyo representante legal es también Salazar Arreozola, pero detalló que él se declaró “impedido” para revisar el asunto precisamente por la amistad que existe entre ambos.
En tanto, el juez segundo de distrito en Materia Administrativa del estado de Nuevo León, Javier Lozano, reconoció que su órgano jurisdiccional atendió siete juicios de amparo promovidos por la empresa Emex, y aseguró que esta asignación se hizo de manera aleatoria.
De éstos, tres juicios iniciaron en 2012, y cuatro se desarrollaron en 2013. Lozano indicó que “en los citados juicios de amparo e incidentes de suspensión los sentidos de los fallos y resoluciones son diversos y no exclusivamente concesorios” o a favor de los casinos.