- Política
La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigió al Gobierno de Mariano González Zarur, garantizar seguridad para que los trabajadores de los medios de comunicación puedan desarrollar su actividad sin sufrir agresiones.
Así se pronunció el secretario general en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del sol azteca, Cristóbal Luna Luna, quien demandó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dar seguimiento a las denuncias que se hayan presentado por agresiones a periodistas, dos de los cuales durante la semana pasada fueron atacados física y verbalmente.
Resulta preocupante el desinterés mostrado consistentemente por la administración de González Zarur en este tipo de hechos, porque en lugar de generarle preocupación, los minimiza y al mismo tiempo “hace como que no pasa nada”, lo que al final de cuentas va en detrimento de la sociedad, dijo en conferencia de prensa.
El martes de la semana anterior, el reportero Juan Luis Cruz de La Jornada de Oriente, fue increpado por el hermano del diputado Albino Mendieta Lira, quien le reclamó y lo retó a golpes por criticar públicamente su deficiente lectura en tribuna; mientras que el jueves previo al evento de La Madre Trabajadora de la sección 31 del SNTE, Pablo Morales, director de La Noticia, fue golpeado por presuntos maestros debido a que tomó fotos del desalojó de docentes de la disidencia.
Por otro lado, Luna Luna también criticó el operativo que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizó para retener 130 unidades de la empresa de Autotransportes Urbanos y Suburbanos de Tlaxcala (USU), por la requisición de un pago millonario de cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Manifestó que es lamentable que la fuerza del Estado sea aplicada en contra choferes que necesitan de un empleo para mantener a sus familias, pero aún más, que se haya atentado contra los usuarios a quienes bajaron de las combis y hasta fueron víctimas de robos.
De esa forma, la recomposición del tejido social y la generación de empleos que pregona el mandatario estatal, está en entredicho pues los hechos confirman todo lo contrario. En este caso, la empresa debe solucionar el problema que ella misma generó ante el IMSS, pero sin la violencia desmedida de la SSPE.