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La Secretaría de Gobernación (Segob) revocó el permiso para operar 19 casinos de la empresa Entretenimiento de México, S.A de C.V. (EMEX), propiedad de Arturo Rojas Cardona y Juan José Rojas Cardona, el llamado Zar de los Casinos.
De esta manera Rojas Cardona se quedará sin establecimientos abiertos, porque la decisión se suma al cierre de otros siete establecimientos en abril pasado, y aunque la empresa impugnó la decisión finalmente fue rechazada por un juzgado, según se informa en una nota del periódico El Universal.
Los permisos fueron otorgados en 2005 durante la gestión de Santiago Creel Miranda al frente de Gobernación y permitían la operación de las casas de apuesta hasta el año 2030.
En la página de internet de la Segob se informó que los permisos de 19 casinos fueron revocados.
El pasado 25 de abril se dio a conocer que la Segob realizó un operativo en seis estados con el fin de llevar a cabo la clausura física de siete establecimientos, ligados a Juan José Rojas Cardona.
Posteriormente, el 19 de mayo un juez federal rechazó amparar al llamado Zar de los Casinos en contra de Gobernación, la cual revocó su permiso para operar hasta 50 establecimientos de juegos y sorteos.
En la página de la Segob se confirmó que de 26 centros de juegos que tenía abiertos, seis le fueron cerrados por la autoridad en un operativo simultáneo el pasado 24 de abril.
Sin embargo, 20 de la lista de sus 26 establecimientos ahora aparecen con la leyenda “permiso revocado”, y salvo un caso señala que ya fue clausurado. El Casino Río, en Boca del Río, Veracruz, es el único que ya figura con el aviso de clausurado, por lo que los restantes 19 espacios por el momento se informa oficialmente la revocación para que puedan seguir operando.
En los siguientes 19 casos, Gobernación reporta exclusivamente permisos revocados:
Bet de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo; Crystal Palace, Monterrey; los sitios Palmas de Escobedo, Santiago y Guadalupe, Nuevo León, además de otros con el mismo nombre en Guaymas, Sonora; La Piedad, Michoacán; León, Guanajuato; San Luis Potosí, y uno más en la ciudad de México.
El Palmas Bellavista, de San Nicolás de los Garza, Nuevo León; Palmas Grand, también de San Nicolás de los Garza; Palmas Lincoln, de Monterrey; Palmas Sportzone, de San Pedro Garza García, Nuevo León. Asimismo, cinco Sportzone de Monterrey, Nuevo León; Pachuca, Hidalgo; San Juan de los Lagos, Jalisco; San Juan del Río, Querétaro, y Tepatitlán, Jalisco.
En la administración del entonces presidente Vicente Fox Quesada se otorgaron ocho permisos a diferentes empresas para operar centros de apuestas, entre ellas Entretenimiento de México, S. A. de C. V., de Arturo Rojas Cardona.
De acuerdo con información de la Comisión Especial de Casinos de la Cámara de Diputados, Rojas Cardona constituyó la sociedad el 29 de marzo de 2005.
Bajo el permiso DGAJS/SCEVFP/P-06/2005 otorgado el 25 de mayo de 2005, por la Secretaría de Gobernación, el Zar de los Casinos recibió permisos para operar 50 centros de apuestas remotas.
A cinco días de concluir la gestión de Creel, quien renunció a la Segob para competir por la candidatura presidencial, la empresa del llamado Zar de los Casinos recibió el permiso por 25 años, con vencimiento hasta el 24 de mayo de 2030.
Desde el 5 de mayo, el periódico El Universal documentó cómo Rojas Cardona trabó una red de protección con jueces y magistrados para beneficiarse con sus decisiones.
El Consejo de la Judicatura anunció la suspensión de los magistrados Eduardo Ochoa, presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en Monterrey, y José Manuel Rodríguez, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, con sede en Tamaulipas, así como al juez Javier Rubén Lozano Martínez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, en Monterrey, Nuevo León.
Con nueva ley evaluarán a propietarios de casinos
La nueva Ley de Juegos y Sorteos prevé la creación de un instituto nacional en la materia, el cual evaluará –como una de sus primeras tareas– a cada uno de los permisionarios y determinaría quién continúa en el negocio.
También se pretende homologar los periodos de vigencia de las autorizaciones emitidas por gobiernos anteriores, al tiempo que se elevarán sustancialmente las sanciones, las cuales irán de 10 mil pesos (ley actual) a una pena de dos a cinco años de prisión y multa de 30 mil a 100 mil días de salario mínimo a quien viole la norma.
Para los funcionarios que autoricen ilegalmente la operación de un casino, el castigo será de tres a seis años de cárcel e inhabilitación hasta por 10 años para ocupar un cargo.
De acuerdo con otra nota del diario La Jornada, el objetivo de la nueva ley es eliminar la discrecionalidad de los funcionarios en turno para beneficiar a determinado grupo empresarial, indicaron funcionarios.
Es por ello que los permisionarios actuales deberán solicitar, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la ley, la eventual sustitución del permiso (visto bueno de la instancia reguladora).
Los legisladores y funcionarios estudian la posibilidad de promover incluso una reforma constitucional para que la homologación de las licencias sea independiente de la fecha de expedición de las mismas.
Hay compañías que obtuvieron su venia en los años 90 o en la década pasada para operar por 20 o 25 años determinado número de salas de apuestas. Es decir, pueden tener una o varias abiertas, contar o no con operadores o simplemente no tienen ningún casino abierto.
Por ejemplo, Administradora Mexicana de Hipódromo (consorcio constituido por Jorge Hank Rohn) obtuvo el permiso en septiembre de 1997 para operar durante 25 años un hipódromo y hasta 65 centros de apuestas remotas con sala de sorteo de números.
Actualmente tiene en funciones un hipódromo y 49 salas; adicionalmente, tres casinos de esta firma están clausurados. Los nombres comerciales que utilizan son Jackpot, Royal Yak, y Yak.
En tanto, de las múltiples licencias que se otorgaron en el último tramo del gobierno de Vicente Fox, una fue para Apuestas Internacionales, de Televisa, con la que podrá operar durante 25 años hasta 55 salas, de las cuales actualmente tiene abiertas 18 (Play City) y tres con suspensiones.
A su vez, al final del sexenio de Felipe Calderón se otorgaron beneficios a dos ex operadores de Entretenimiento de México, con vigencia de 18 años, pero con base en un permiso ya existente.
Por la variedad de características de cada autorización, en la nueva ley se prevé que la duración de los permisos sea de 10 años; hace una clara identificación de los “operadores” y de los “permisionarios” (en este último recaerá la responsabilidad jurídica) y habrá una licencia por cada establecimiento. Las controversias en la industria del juego serán resueltas exclusivamente por el instituto que se pretende crear.
Los lineamientos anteriores están incluidos en el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Juegos y Sorteos (con 206 artículos); la actual data de1947, sólo tiene 17 artículos y nunca ha sido modificada.
Otro de los aspectos relevantes del documento base es la prohibición de ingreso a menores de 21 años.