Si usted trabaja en una oficina de gobierno, y no es sindicalizado, sabrá que estos personajes amparados por líderes corruptos son enemigos del trabajo y de la producción. Sus actividades en todas las dependencias de gobierno dejan mucho que desear, en realidad esos espacios afectan enormemente al servicio público y deberían o reformarse o desaparecer por ser aliados de la ineficiencia.
Un sindicalizado tiene permisos para todo, se van el día de su cumpleaños, les dan permiso de salir temprano los viernes, pues se tienen que ir a Zumba, ya que están pasados de peso y los días festivos ni se aparecen. Si les duele la cabeza, o se golpearon un dedo inmediatamente corren con su médico para que los incapacite dos o tres semanas, son una verdadera pachanga.
Y especialmente los agremiados al 7 de Mayo, quienes en cuanto les dicen sus líderes que falten a trabajar para protestar estos son los primeros en ausentarse, carecen totalmente de vocación al servicio público, dejan aventadas sus actividades para ir a la grilla, y lo demás no les importa.
Este lunes, causaron un verdadero alboroto en las calles, con el pretexto de que defienden su derecho a la privatización a los servicios de salud que les ofrece el estado, pues un día antes se anunció que ahora una empresa privada se hará cargo del servicio médico en los Módulos de Pensiones Civiles.
Los quejosos no se pusieron a investigar o indagar de qué se trata este nuevo esquema, como borregos asistieron a la manifestación a gritar frases sin sentido y a que les diera el sol, porque si hubieran leído un poco sabrían que las cuestiones quedaron casi igual, sólo que ahora sí tendrán mayores beneficios.
De acuerdo con los datos emitidos, la empresa cubrirá el 71 % de los honorarios médicos; 68 % en gastos dentales; 71 % en estudios de laboratorio y gabinete; 68 % gastos por insumos de traumatología y ortopedia; medicamentos al 100 %; hospitalización al 71 %; oxígeno 68 % y lentes 68 %, el resto de los gastos serán solventados por los trabajadores.
Así se venía trabajando, solo que la falta de medicamento y de médicos será corregida, a partir de este 1 de agosto.
Una de las razones que influyó en la decisión de confiar la gestión del servicio médico a una empresa privada fue el problema de corrupción que prevalecía entre algunos líderes sindicales y sus afiliados.
Un caso notable que se ha dado a conocer es el de una persona que trabaja en la Procuraduría General de Justicia (PGJE) y es miembro del sindicato 7 de Mayo. Este individuo ha sido señalado por facturar, de manera cuestionable, la cantidad de 8 millones de pesos en medicamentos durante un periodo de diez años.
Además, se ha descubierto que aproximadamente una veintena de individuos pertenecientes al Siete de Mayo estuvieron involucrados en prácticas similares, cobrando entre uno y tres millones de pesos, lo que generó graves desfalcos al erario.
Ahora comprenderá que con esta decisión de que sea una empresa privada que maneje los servicios el negocio de muchos líderes ha llegado a su fin y esto les tiene muy enojados.
Es imprescindible que se realicen investigaciones exhaustivas y se tomen acciones para erradicar la corrupción dentro del sindicato y en cualquier otro ámbito de la administración pública.