Después de la abolición de la esclavitud, el derecho a la expresión es uno de los que más ha buscado abrirse espacio en la construcción de la vida democrática. Este derecho tiene variantes en su ejercicio, pero una de las que desata mayor polémica es la sátira y la burla. No por casualidad, Ronald Dworkin afirmó que “por esta razón las caricaturas y otras formas de burla se han contado desde hace siglos, incluso cuando eran ilegales, ente las armas más importantes de los movimientos políticos, tanto de los honorables como de los perversos”.
Por ello, no es la primera vez, ni será la única, en que la mofa o burla sea usada en una discusión mediática con trasfondo político. Existen muchos ejemplos de esta situación. Y siempre ha colocado en serios apuros a los impartidores de justicia pues tienen que decidir entre la libertad de expresión y algún derecho que la parte afectada pueda alegar. Uno de los casos más conocidos en el mundo es el de la revista alemana Titanic que llamó primero “asesino nato” y después “tullido” a un oficial de reserva parapléjico. El tribunal constitucional alemán concluyó que llamar asesino nato no era una afectación grave y por lo cual debería prevalecer la libertad de expresión. Por su parte --también asentó el propio tribunal-- llamarlo tullido si era una invasión grave a la personalidad.
Todo esto viene a mención porque hace unas semanas la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) tuvo que resolver una petición de medidas cautelares por presuntos casos de violencia política en contra de una mujer en razón de género (VPMRG). La peticionaria fue Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz y su reclamo fue en contra del presidente de la república por afirmaciones que él realizó durante sus programas --conocido como las mañaneras--. En el acuerdo Núm. ACQyD-INE-135/2023 se aprobó por dos votos a favor y uno en contra el proyecto de la Unidad de lo Contencioso Electoral del INE en el que se negaban las medidas cautelares.
Esta votación de inmediato provocó escozor en varios políticos y columnistas. Una de las recriminaciones más mediáticas fue en contra de la consejera López Vences. El golpeteo contra la consejera pecó o de ingenuo o de mala fe. Hay ingenuidad si se pensaba que esa era la resolución final, omitiendo que aún faltaba la posición del Tribunal Electoral. Se asemeja a la sensación de expresar en medio de un partido —aun sin concluir— que la derrota se debió al árbitro. O bien fue un acto malicioso, ejecutado con el único propósito de desacreditar de cualquier manera una perspectiva de pensamiento diferente.
Rita Bell López Vences es una voz progresista en el INE, jurista, con una relación permanente con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicano, y con una constante defensa del derecho de las mujeres, se le puede ubicar dentro de una corriente progresista-demócrata. Para los progresistas demócratas los derechos de las mujeres son importantes y tienen que coexistir con diversas reivindicaciones, entre ellas desde luego la vida democrática. Por eso, para quien comparte las ideas progresistas y demócratas resulta bastante coherente y previsible que cuando la libertad de expresión está de por medio frente a otro derecho, la resolución debe emitirse con sensatez. López Vences al votar en sentido positivo el proyecto que le fue presentado mandó un mensaje contundente: la democracia importa.
Se ha dado a conocer recientemente que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SUP-REP-272/2023) revocó el acuerdo del INE y le ordena dictar uno nuevo. Elaboró el proyecto el polémico magistrado José Luis Vargas Valdez (quien por cierto ha estado envuelto en escándalos de
presunta corrupción). En la revocación se prestó poca atención (de mala fe o por ignorancia) a la tensión existente y permanente que existe entre libertad de expresión y otros derechos. La argumentación es débil y se limita a concluir que “se advierten expresiones que, de un análisis preliminar, pudieran constituir violencia política de género”. Sólo la magistrada Janine M. Otálora Malassis dejó algunas palabras en voto particular sobre la libertad de expresión.
Sea como fuere, es importante recordar que, aunque la democracia le incomode a algunas personas, es la única vía legítima que existe hasta el momento para integrar las sociedades plurales y con aspiraciones ideológico filosóficas diferentes. Dentro de esa vía, los límites a la libertad de expresión deben ser pensados muy seriamente pues, y vuelvo a citar a Dworkin: “en una democracia nadie, no importa cuán poderoso o importante sea, puede tener derecho a no ser insultado u ofendido” pues “si esperamos que los intolerantes acepten la decisión de la mayoría una vez que se ha pronunciado, tenemos entonces que permitirles expresar su intolerancia en el proceso que derivó en la decisión que les pedimos respetar”.