Hasta las primeras horas de este lunes 4 de diciembre, en Nuevo León dos personas se dicen gobernadores. Por un lado, Samuel Alejandro García Sepúlveda, y por el otro Luis Enrique Orozco. No es la primera vez que sucede esta situación en el país. En 1913, en el Estado de Morelos, Juvencio Robles y Patricio Leyva reclamaban la legitimidad de su cargo y se desconocían mutuamente. En 1928, en Jalisco, el enfrentamiento fue entre Enrique Gorostieta Velarde y Jesús González Gallo. Y así la lista podría continuar en otras entidades federativas.
En el caso de Nuevo León la historia se puede resumir en unas cuantas líneas. El Gobernador Samuel García decidió contender como candidato para la presidencia de la república, y para ello decidió solicitar licencia.
La Constitución de Nuevo León prevé dos situaciones de licencia para caso de ausencia del gobernador (artículos 120 y 121). Si la ausencia es menor a treinta días, el Secretario de despacho designado por el Gobernador se encarga de los asuntos. Si supera los treinta días, el Congreso del Estado o la Diputación Permanente nombra a un ciudadano para ocupar temporalmente el Poder Ejecutivo.
Bajo este contexto, la licencia de Samuel García fue aprobada y estaba programada para iniciar el 2 de diciembre, y con una duración prevista de seis meses. Las complejidades legales, inherentes al ámbito jurídico, empezaron a surgir en relación con la interpretación específica de las disposiciones legales aplicables a este caso. Ante esta situación, Samuel García designó a Javier Navarro (Secretario de despacho) como su representante interino, mientras que el Congreso nombró a Luis Enrique Orozco como gobernador. Este escenario generó un conflicto legal que se enredó aún más, por los criterios divergentes de los tribunales.
Un juez federal en la Ciudad de México reconoció a Javier Navarro como el gobernador interino. Mientras tanto, en Nuevo León, un juez local revocó la licencia que se le había otorgado a Samuel García. Además, la Suprema Corte respaldó el poder del Congreso de Nuevo León para nombrar a un gobernador interino.
Frente a esta disputa legal, Samuel García tomó la sorprendente decisión de regresar antes de que pasaran los seis meses, lo que complica aún más la situación. Ahora surge la pregunta clave: ¿Quién es el gobernador legítimo en este embrollo legal?
La opinión sobre este asunto está dividida. Algunos creen que la licencia debe agotarse hasta el plazo previsto, mientras que otros opinan que no es necesario esperar. Personalmente, considero que el gobernador puede regresar antes de que termine la licencia, ya que esta es un derecho. Para ejemplificar, recordemos cuando el presidente Obama, en diciembre de 2012, interrumpió sus vacaciones para abordar la disputa del "precipicio fiscal", y su regreso fue aceptado sin sorpresas.
Pensemos en otra situación: en el ámbito privado, un permiso específico no impide el regreso anticipado si las circunstancias lo justifican. Esta lógica, aplicada al ámbito gubernamental, refuerza la idea de que las licencias son herramientas flexibles. Mantener una licencia más allá de su utilidad
práctica puede afectar la eficiencia gubernamental. Permitir el regreso anticipado garantiza continuidad y estabilidad en la toma de decisiones, evitando posibles vacíos de liderazgo.
Los gobernadores enfrentan diversos desafíos, y la rigidez en la interpretación de las licencias podría limitar su capacidad de adaptarse a situaciones imprevistas. La flexibilidad en la gestión de las licencias permite una mejor adaptación a las demandas cambiantes del cargo.
En conclusión, la flexibilidad en las licencias no solo se ajusta a la realidad cambiante de la vida pública, sino que también contribuye a la eficiencia y estabilidad en la administración gubernamental. Reconocer las licencias como derechos flexibles permite a los gobernadores adaptarse a las dinámicas cambiantes. Sin embargo, resta por ver cómo se desarrollarán los acontecimientos en esta situación particular. Estaremos atentos para conocer el desenlace de este caso específico.