En fechas recientes hubo una serie de delitos conocidos como de “alto impacto” en nuestra entidad federativa. En contraste, la declaración del titular del Ejecutivo al respecto fue la considerar estos hechos como simples “casos aislados”, reiterando que los indicadores de criminalidad en Tlaxcala son de los más bajos en el país. En suma: “…no se preocupen, no pasa nada, todo está bien”.
No obstante, la duda sobre la aparentemente baja incidencia delictiva en Tlaxcala es permanente, porque al menos para un servidor, la desconfianza sobre las cifras gubernamentales subsiste al no encontrar congruencia entre lo que se dice y lo que se padece. Es paradójico, pero las propias cifras oficiales nos pueden dar una idea coherente sobre lo que realmente pasa y se percibe en materia de seguridad pública en Tlaxcala.
Analicemos con datos duros un poco de este escabroso y doloroso tema. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Tlaxcala durante el año 2013 se perpetraron ni más ni menos que 414 homicidios -344 culposos y 70 dolosos-, cifra 250% más alta que la del estado de Aguascalientes con 167 homicidios en 2013, ….de modo que ¿no pasa nada en Tlaxcala?
Pero dejemos de lado este delito que es de los que más interpretaciones tiene en cuanto a las causas que lo originan toda vez que no es nada extraño que los órganos de gobierno en turno tiendan a considerarlos como “homicidios personales o pasionales”, justificación que más bien me suena a excusa por parte de los agentes del Ministerio Público local o federal y su policía de investigación.
Así, pasemos a los delitos que vivimos todos los días los tlaxcaltecas como lo fueron, durante el 2013: el robo a casa habitación con 1085 viviendas allanadas –con y sin violencia-; el robo a negocio con 445 asaltos –con y sin violencia-; y el robo de vehículos con 1036 despojos –con y sin violencia- cifra esta última que en Campeche fue de sólo 10 vehículos y en Yucatán de 32, lo cual demuestra que en términos comparativos incluso a nivel nacional nos encontramos lejos de ser una estado modelo en la prevención de delitos y ya no digamos a nivel internacional porque no valdría la pena hacerlo.
Dado lo anterior le pregunto a usted: En términos de delincuencia, ¿considera que vivir actualmente en su ciudad es seguro? ¿Por temor a sufrir algún delito (robo, asalto, secuestro, entre otros), usted cambió sus hábitos respecto a llevar cosas de valor como joyas, dinero o tarjetas de crédito? ¿Se atreve a caminar con sus menores hijos por los alrededores de su vivienda, pasadas las ocho de la noche?
Si contestó afirmativamente, permítame decirle que de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el INEGI, para el pasado mes de marzo de 2014 y en términos de delincuencia, 72.4% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro; el 65.0% manifestó que en los últimos tres meses, por temor a sufrir algún delito modificó sus hábitos respecto a llevar cosas de valor como joyas, dinero o tarjetas de crédito; mientras que 50.8% cambió rutinas de caminar por los alrededores de su vivienda después de las ocho de la noche.
Las cifras son contundentes, pero los hechos lo son aún más; es evidente que tanto usted como yo caminamos por las calles de nuestra comunidad con temor a ser asaltados, cuidamos a nuestros hijos con esmero para que no sean raptados, cerramos la casa con doble cerrojo y le encargamos al vecino que le eche un ojo; más aún, rezamos para que no nos salten al salir del cajero automático… ¿y la policía? Bien, gracias, “…pero no se preocupen, son hechos aislados, son delitos que rara la vez pasan en nuestra comunidad, municipio o estado…”.
No sé usted, pero a mí más bien me suena a retórica barata pues políticas y protocolos de seguridad pública en materia de prevención del delito existen, son conocidas e impartidas en las mejores academias de policía del mundo, pero lo que casi no existe en nuestro país es la voluntad por parte de nuestros jefes de gobierno para vigilar la eficacia, honradez y capacidad de sus instituciones de seguridad pública; pese a ello, sería falso decir que es sólo su culpa, quizás también sea nuestra por no alzar la voz y exigir a nuestros gobernantes que cumplan con el derecho constitucional que tenemos a que el estado nos proteja en nuestra persona y bienes y no quedarnos callados consintiendo con nuestro silencio que efectivamente, tal vez, “….sean hechos aislados, que sólo le suceden a unos cuantos….”.
Mtro. Marco Antonio Muñoz Sánchez
23/06/2014