- Tlaxcala
La juez de Ejecución de Sanciones Penales, ligada a casos de secuestro, Juanita Herrera Munguía fue reinstalada nuevamente en su cargo desde inicio de semana por parte del Consejo de la Judicatura, luego de que fuera separada para realizar una investigación en torno a los casos de pre liberación que favorecieron a secuestradores.
Esta reinstalación generó malestar entre los abogados ligados a los casos de secuestro pero fundamentalmente a las víctimas de éstos, ya que lejos de que se hubiera hecho una investigación a fondo para castigar estos actos, se suspendió a la juez y de nueva cuenta la ponen en el lugar que tenía.
A pesar de que le fue levantada la sanción restrictiva que la inhabilitó por 15 días, la investigación por haber entregado una pre liberación a secuestradores continua, por lo que no se descarta que más adelante pueda haber algún cambio al respecto, luego de que la organización que encabeza Isabel Miranda de Wallace “Alto al secuestro” denunciara que en Tlaxcala es común el caso de jueces que favorecen a secuestradores.
Y es que es de acuerdo al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Tito Hernández Zepeda se pronunció por cumplir con lo la ley y las garantías que tiene la juez, situación por la que fue notificada para que regresara al cargo y continuar laborando dentro de su encargo.
Mencionó que la investigación que realizaba en el caso de la juez ha sido agotada, y ahora se buscará evaluar sobre un proceso administrativo para analizar si existen o no violación a las normas locales en su actuación como juez, esto a pesar de ser señalada como una autoridad judicial que apoya a secuestradores.
Es por esta situación que familiares de los afectados rechazan la decisión del Consejo de la Judicatura al considerar que han actuado de manera parcial y que no responde a las necesidades de impartición de justicia de quienes se han visto envueltos en un secuestro y que sin el mayor remordimiento las autoridades judiciales no sólo no castigue, sino que rehabiliten a funcionarios judiciales vinculados directamente con secuestradores.