Agradezco la oportunidad que me brindan para hablar sobre temas coyunturales que beneficien o afecten a nuestra bella tierra que es Tlaxcala, pues a través de este espacio, expondré mis puntos de vista sobre los acontecimientos más importantes que deban ser debatidos por los tlaxcaltecas en su conjunto y que, desde la Cámara Baja del Congreso de la Unión, podré exponerlos para que sea tomado en cuenta su sentir.
Y aprovechando el tema que se encuentra en boga, quiero referirme a la reforma al Poder Judicial, donde ya se ha dicho mucho sobre los pro y contras que podría tener una reforma de este calado y donde los diputados que formamos parte del movimiento de la Cuarta Transformación, no quitaremos el dedo del renglón para que pueda cristalizarse a la brevedad, pues se trata de acción para acabar con esas burbujas de poder que se aferran a sus lujos y privilegios.
Pero, por qué insistir en esta reforma, la respuesta es muy sencilla, porque los mexicanos ya estamos cansados de que existan servidoras y servidores públicos que, lejos de atender los reclamos de la sociedad, sobre todo de los más de 50 millones de mexicanos sumisos en la pobreza, exista un reducido grupo de funcionarios que se asignen salarios de hasta 600 mil pesos mensuales.
Solo para que se den una idea, lo que recibe un solo magistrado, equivale al salario que ganan 80.34 mexicanos que apenas obtienen el salario mínimo mensual y quienes, junto sus familias tienen que sobrevivir con apenas siete mil 468 pesos mensuales, sin duda, se trata de un monto que resulta una verdadera grosería para esos 50 millones de personas, muchas de las cuales, ni siquiera tienen ese ingreso mínimo.
Por ello, hay que ser claros al manifestar que la reforma al Poder Judicial, más que afectar a los miles de trabajadores como personal de limpieza, secretarias, asistencia, secretarios de acuerdo, proyectistas, analistas, ingenieros u otros, se encuentra enfocada a acabar con los privilegios de esa burbuja de poder que durante los últimos sexenios han abusado del erario, asignándose salarios muy superiores a los del presidente de la República y que resultan una ofensa para todos los mexicanos.
Solo por mencionar el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cada ministro gana al mes 297 mil 403 pesos, además de que por concepto de aguinaldo se les dan alrededor de 586 mil pesos, entre otras prestaciones como 95 mil pesos de prima vacacional, 723 mil pesos al año para gastos de alimentación en restaurantes, 640 mil pesos anuales por “pago de riesgos”, entre otros estímulos como apoyo para medicamentos y lentes y hasta pago por defunción.
Si se suman todas esas prestaciones, cada uno percibe alrededor de 600 mil pesos mensuales, cantidad similar que reciben los magistrados federales, quienes recibe un salario anual de dos millones 548 mil pesos y un juez de distrito dos millones 305 mil pesos.
Por eso es muy importante que los tlaxcaltecas y los mexicanos en su conjunto, tengan una idea clara de lo que pasará con la reforma, donde los principales cambios, tienen que ver con limitar los salarios y prestaciones de estos altos funcionarios para generar un ahorro de hasta 100 mil millones de pesos anuales, dinero que será destinado a diferentes partidas que sí sean de beneficio para la población.
Y para ser más preciso, los principales cambios tienen que ver con disminuir de 11 a nueve el número de ministros y ministras de la SCJN, así como el tiempo que duran en su encargo que actualmente es de 15 años y ahora será de 12; eliminar las dos salas en que está dividida la corte para formar una sola, cuyas sesiones deberán ser públicas y no secretas, como llevan a cabo muchas.
En materia de salarios, se establece específicamente que las remuneraciones de los ministros y ministras, de los diferentes jueces y magistrados no podrá ser mayor a lo percibido por la persona que ocupe la Presidencia de la República y se elimina la posibilidad de que obtengan una pensión vitalicia tras concluir su encargo.
La principal propuesta es cambiar el mecanismo de elección de los representantes del Poder Judicial, para que éstos, principalmente ministros, magistrados y jueces de distrito, sean elegidos por la ciudadanía a través de las elecciones que se efectúan cada tres años de manera concurrente con las elecciones federales.
Se crearán dos órganos regulatorios que suplirán al actual Consejo de la Judicatura Federal, uno para administrar la Escuela de Formación Judicial y el Instituto Federal de la Defensoría Pública, y el otro será un Tribunal de Disciplina Judicial, que será el encargado de supervisar a la SCJN.
Otro de los puntos más importante para los justiciables, es que, para resolver conflictos, el sistema judicial deberá resolverlos en un periodo máximo de seis meses, de no hacerlo, precisamente el Tribunal de Disciplina tendrá que investigar el porqué de la demora y ordenar algún procedimiento o sanción en su contra.
Y finalmente, la reforma obligará a que las entidades federativas hagan lo propio para garantizar la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones, así como su elección por voto directo y secreto de la ciudadanía.
Así es que, como pueden ver, más que atentar en contra de los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial o de tratarse de una intromisión a otro Poder, la Reforma Judicial beneficiará a todos y quitará sus privilegios a un reducido grupo de juristas que han abusado de los recursos públicos.
Raymundo Vázquez Conchas
Diputado electo del Segundo Distrito Electoral Federal de Tlaxcala