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El Poder Judicial de la Federación (PJF) ha emitido una resolución que ordena al Congreso del Estado justificar su negativa de crear una comisión especial de diputados para investigar actos de aparente corrupción dentro de la Secretaría del Medio Ambiente (SMA).
Esta solicitud surge a raíz de las denuncias realizadas por Eliseo Arteaga, ex empleado de la Procuraduría de Protección al Ambiente en el Estado de Tlaxcala (PROPAET), quien denunció prácticas corruptas dentro de la entidad desde hace más de dos años.
Ante esta situación, el Congreso deberá presentar un informe detallado de su decisión, o bien enfrentar multas y sanciones penales.
El amparo 1393/2024-III, otorgado por el PJF a Arteaga, quien ha sido objeto de amenazas de muerte y hostigamiento, continúa dejando en evidencia las irregularidades dentro de la SMA y otras dependencias del gobierno local, donde se habría incurrido en actos de corrupción y protección a empresas contaminantes. La denuncia menciona específicamente la desaparición de más de 50 expedientes clave que contienen pruebas de estas prácticas ilícitas, lo que ha llevado a la solicitud de una comisión especial que pueda investigar a fondo estos hechos.
Un punto controversial en esta situación es la implicación del diputado local Emilio de la Peña Aponte, quien recientemente abandonó las filas del Partido Encuentro Social (RSP) para unirse a MORENA.
Se le señala de estar involucrado en la desaparición de los mencionados expedientes, lo que ha generado sospechas sobre su posible vinculación con los actos de corrupción denunciados.
De la Peña Aponte, quien en su momento fue Director de Planeación y Coordinación Estratégica de la PROPAET, está vinculado a la denuncia presentada por Eliseo Arteaga ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) por delitos como “intimidación, abuso del servicio público, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y coalición de servidores públicos”, entre otros.
A pesar de que han transcurrido más de doce meses desde la presentación de la denuncia, hasta el momento no se ha esclarecido el caso ni se ha tomado ninguna acción efectiva por parte de las autoridades.
La reciente incorporación de Emilio de la Peña Aponte a las filas de MORENA ha sido vista con recelo, especialmente por los opositores políticos que sugieren que esta movida busca protegerlo de las investigaciones en su contra y de posibles repercusiones legales relacionadas con la denuncia de corrupción en la SMA.
Los actos de corrupción denunciados incluyen la presunta protección por parte de funcionarios del Gobierno de Tlaxcala a empresas contaminantes, las cuales, según Arteaga, habrían logrado evadir regulaciones medioambientales gracias a la intervención de algunos servidores públicos.
El ex empleado de la PROPAET ha señalado la desaparición de expedientes fundamentales que documentan estos hechos, lo que ha dificultado la investigación y la justicia en estos casos.
Los ciudadanos y opositores políticos esperan que la creación de una comisión especial permita esclarecer los hechos y castigar a los responsables, sin que se sigan protegiendo a aquellos que, según las denuncias, han actuado con impunidad.