A diez años de la gran reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, donde se publicó la reforma que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, como instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes del gobierno, a través de la cual existiría una rendición de cuentas claras, objetivas, comparables y confiables, aún nos encontramos en proceso de una verdadera rendición de cuentas.
En Tlaxcala, no tenemos al 100% instalados los Órganos Internos de Control en los 60 municipios, existiendo incertidumbre sobre el método de designación de los titulares, el grado escolar, la especialización.
Existe opacidad en cuánto a la estructura de dichos Órganos Internos, denotando una gran imposibilidad de realizar todas y cada una de las actividades que le corresponden; en consecuencia, una falta de control interno eficaz y eficiente, ante la imposibilidad material y humana existente.
El proceso de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción se ve fortalecido en la medida en que se reconozca y pondere la actuación de los Órganos Internos de Control implantados en los diversos órdenes de gobierno, los cuales, contribuyen favorablemente al cumplimiento eficaz y eficiente de los objetivos y metas de los planes, programas y proyectos relevantes.
Propician la obtención de información financiera y de operación confiable y oportuna, transparente a la administración y control de los recursos públicos, facilitan que las atribuciones se ejerzan dentro del marco legal y normativo aplicable, vigilan el cumplimiento de objetivos y aplicación de recursos de forma transparente y protegen los bienes públicos.
Resulta indispensable para las entidades públicas contar con un sistema de control interno institucional, el cual debe estar diseñado y funcionar de tal manera que fortalezca la capacidad para conducir las actividades hacia el logro de la misión e impulse la prevención y administración de eventos contrarios al logro eficaz de objetivos estratégicos.
Su lógica es regulatoria, preventiva y correctiva, lo cual se traduce en acciones de vigilancia, supervisión, inspección y fiscalización que se encadenan hasta configurar un sistema de gestión pública que debe ser eficaz, adaptativo y flexible.