La propuesta de elegir por voto popular a los jueces, magistrados y ministros en México es, sin duda, una idea novedosa. Y como muchas ideas nuevas, puede ser buena… o puede convertirse en un accidente.
Durante años, gran parte de la ciudadanía ha visto al juez como una figura lejana: alguien encerrado en una oficina, detrás de un escritorio, hablando con palabras difíciles. Muy pocas veces se siente que escuchen, entiendan o se interesen por la vida real de las personas. Y cuando se habla de ellos en medios o redes sociales, suele ser por casos de impunidad, corrupción o decisiones muy polémicas.
Pero no todos los jueces son así. Hay muchas mujeres y hombres dentro del Poder Judicial que trabajan con honestidad, que enfrentan una carga de trabajo enorme y que no cuentan con los recursos necesarios para hacer bien su labor.
Entonces, ¿qué pasó? ¿Es culpa de los jueces? ¿O de un sistema que, en lugar de buscar justicia, se enfoca más en seguir el trámite y cumplir con los requisitos?
Desde hace décadas, expertas como Ana Laura Magaloni han explicado que el modelo de justicia mexicano es demasiado formalista: en vez de resolver el fondo del problema, muchas veces lo más importante es que se sigan todos los pasos del procedimiento, aunque eso signifique tardarse años o dejar sin respuesta a quien más lo necesita.
Además, hay un diseño institucional que ha fomentado la opacidad, el aislamiento de los jueces y una cultura basada en jerarquías, no en empatía. Así, la justicia se volvió cosa de élites. En el mejor de los casos, técnica. En el peor, corrupta.
Hoy en día, la mayoría de los mexicanos no confía en el Poder Judicial. Según encuestas del Latinobarómetro y el INEGI, menos del 20% de la población confía en los jueces. Es una de las instituciones con menor credibilidad en el país.
Esa desconfianza ha sido tomada como justificación para impulsar una reforma constitucional que propone, entre otras cosas, que los jueces, magistrados y ministros sean electos por voto ciudadano. La intención es democrática, pero también tiene riesgos.
Porque una cosa es reconocer que el Poder Judicial necesita cambios urgentes, y otra muy distinta es entreabrir la puerta a que la justicia se decida por aplausos, por slogans pegajosos o, en el peor de los casos, por memes.
Ya salieron propuestas de campaña llamativas como "el ministro Spider-Man" o "la magistrada Hulk". No se trata de burlarse de esos nombres. Ellos simplemente están jugando el juego que el público permite. Porque si la gente aplaude esas campañas, si se vuelven virales, es porque hay un mercado que las consume. Y ese mercado es el pueblo.
Aquí es donde la ciudadanía tiene una responsabilidad enorme. No basta con criticar los excesos de los candidatos; también hay que preguntarnos qué tipo de campañas estamos apoyando. Si queremos una justicia diferente, debemos promover una cultura democrática donde se exija seriedad, propuestas claras y compromiso real con el bien común.
Confiar en la justicia no es un acto de fe. Es una experiencia. El día que una persona pueda resolver su conflicto en poco tiempo, sin tener que pagar mordidas ni tener “conectes”, con un lenguaje claro y con respeto, ese día empezará a confiar.
Porque el pueblo no odia a los jueces. Lo que odia es la sensación de que nunca lo escuchan. Y si queremos que eso cambie, debemos ser ciudadanos exigentes, informados y comprometidos, no solo espectadores pasivos en la elección del “mejor meme”.