En estos días, el tema de las desapariciones en México volvió a encender los focos internacionales. El gobierno mexicano y la ONU han estado atentos a este asunto durante años: en 2015 y 2023 con observaciones finales; en 2018 con observaciones de seguimiento; y en 2022 con un informe de misión.
Pero lo más llamativo, y lo que originó el reciente debate, fue que, al término del 28° periodo de sesiones del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, este decidió activar para México el procedimiento del artículo 34 de la Convención.
Dicho artículo establece que:
“Si el Comité recibe información que a su juicio contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática (…) podrá (…) llevar urgentemente el asunto a la atención de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Secretario General.”
Nadie —ni el gobierno mexicano ni la ONU— niega el problema de las personas desaparecidas. ¿Acaso alguien podría negarlo?
La diferencia entre ambos radica en el uso de la palabra “sistemática”. Esta puede entenderse como desapariciones organizadas y coordinadas desde el Estado, o también como desapariciones cometidas por otros actores, como el crimen organizado. Existe una tercera posición, como por ejemplo la del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez quienes han señalado que el problema no solo es responsabilidad de los grupos criminales, sino también de la falta de acción del Estado para prevenir, investigar y sancionar estos delitos. En este sentido, de acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en muchos casos las desapariciones implican algún grado de participación o consentimiento por parte de servidores públicos, ya sea por acción directa o por omisión. Es decir, no porque exista una orden del Estado para desaparecer personas, sino porque la falta de resultados revela una falla estructural del sistema de justicia.
Sea como sea, el Comité activó el artículo 34 con el argumento de que en México hay desapariciones forzadas sistemáticas.
La respuesta del gobierno mexicano no se hizo esperar. A través de la Secretaría de Gobernación, emitió un comunicado en forma de tarjeta informativa en el que rechazó las conclusiones del Comité. En específico, señaló que:
“Rechaza las declaraciones de integrantes del Comité en torno a la supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado.”
También reiteró que el gobierno mexicano mantiene una cooperación constante con el Comité, como Estado parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
De manera no oficial, también trascendió que el gobierno considera que la ONU se basó en información incompleta y de emplear un lenguaje político en lugar de técnico.
El debate es complejo y, como suele suceder, cada parte tiene razones, intereses y responsabilidades. Pero lo cierto es que, en medio de este cruce de declaraciones, hay un tema urgente que atender.
Conforme a datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 31 de diciembre de 1952 al 13 de abril de 2025 se han registrado 357,097 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas.
De ese total, 127,084 personas (35.59%) siguen desaparecidas y no localizadas. El resto, 230,013 personas (64.41%), han sido localizadas.
A esta tragedia humana se suma una crisis forense. Según el informe del INEGI titulado Servicios Periciales y Servicio Médico Forense 2024, los servicios forenses mexicanos reportaron haber recibido 94,893 cadáveres, de los cuales 1,290 no pudieron ser identificados.
Al cierre de 2023, la Fiscalía General de la República y las Unidades Especializadas tenían almacenados 15,878 cadáveres y 12,938 restos humanos en anfiteatros, laboratorios, centros de resguardo forense (u homólogos) y agencias funerarias.
Es importante señalar que este problema no empezó hoy. Viene de años atrás y se agravó especialmente a partir de 2006, cuando se declaró la llamada "guerra contra el narcotráfico". Desde entonces, los casos no han hecho más que aumentar.
¿Quién tiene la razón?
Tal vez ambos. El informe de la ONU refleja una preocupación legítima, basada en datos duros. Pero también es cierto que tiene una carga política: este tipo de reportes pueden ser utilizados por actores, nacionales e internacionales, para presionar o criticar a un gobierno.
Por su parte, el gobierno mexicano también tiene derecho a defenderse si considera que se le está atacando de manera injusta.
Lo que no se puede perder de vista
La verdadera urgencia no es quién tiene la razón, sino cómo detener esta tragedia. Porque no estamos hablando de cifras frías: son personas. Padres, hijos, hermanas, vecinos. Ciudadanos que salieron un día y no volvieron. Familias que no duermen, que no saben, que no entierran.
El gobierno mexicano necesita reconocer la gravedad del problema. Aunque se hayan reducido cifras en otros temas, el dolor por un desaparecido no se mide por sexenios ni estadísticas.
La ONU, el gobierno mexicano, las fiscalías, los colectivos, la academia y la sociedad civil deben entender que este no es un tema para ganar puntos políticos, sino para salvar vidas y reparar el daño.
Quizá el primer paso sea ese: aceptar que tenemos un problema nacional. Sin excusas, sin culpas heredadas, sin simulaciones.
Solo así podremos empezar a responder la pregunta más dolorosa y urgente de todas: ¿Dónde están?