- Política
Lo que inició como una exigencia laboral por parte de extrabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco (ITST), ahora se ha convertido en lo que algunos afectados califican como una “mina de oro para dirigentes sindicales y operadores ajenos al conflicto”, quienes estarían lucrando con la desesperación de quienes buscan justicia laboral.
Una denuncia anónima a este medio expone una serie de presuntos abusos por parte de integrantes de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y del propio Sindicato de Trabajadores Docentes, Académicos, Administrativos y de Servicios Generales del ITST, encabezado por Roberto Gallegos Tlapale.
Entre los señalamientos más graves se encuentran cobros forzosos del 40% sobre los montos que eventualmente se recuperen por concepto de salarios caídos, sueldos devengados, aguinaldos y otras prestaciones.
Aportaciones económicas forzadas de hasta 10 mil pesos, supuestamente para cubrir honorarios legales, con abogados impuestos por líderes sindicales, sin claridad en su contratación ni en los avances del proceso.
Promesas falsas de reinstalación laboral para trabajadores ya finiquitados legalmente.
Además, los denunciantes aseguran que no son 18 los trabajadores inconformes como se ha querido hacer creer públicamente, sino apenas cinco quienes siguen en proceso legal activo. El resto, afirman, son utilizados para presionar a las autoridades mediante movilizaciones, a pesar de no tener posibilidad jurídica de reinstalación.
“Están haciendo negocio con nuestro conflicto. Nos cobran hasta lo que no tenemos, a sabiendas de que el juicio no nos favorece. Aquí nadie nos ayuda gratis, todo lo hemos pagado, y si no cooperas, te sacan del movimiento”, aseguró uno de los afectados.
También relataron que, en una ocasión, se les pidió dinero para “invitar a comer al líder de la CTM”, bajo el argumento de que con eso lograrían más apoyo sindical. Algunos se negaron, lo que les costó ser excluidos del grupo, según narran.
El fondo del conflicto laboral radica en una resolución previa, donde el propio secretario del sindicato, Roberto Gallegos, había logrado un acuerdo para la reinstalación de los trabajadores y el pago de salarios caídos de forma gradual. Sin embargo, la falta de seguimiento por parte de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) habría provocado que el caso se estancara y escalara.
Los trabajadores exigen que se investigue a fondo el uso de recursos, los cobros indebidos y la posible red de intereses que estaría explotando su situación bajo el manto de una lucha sindical.