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  • Cristian Mastranzo Garrido
El dirigente también acusó que la protesta, que se llevó a cabo de forma pacífica, fue deliberadamente obstaculizada por las autoridades.

La manifestación realizada este miércoles por la Coordinadora Estatal de Transporte Público no fue un hecho aislado ni espontáneo: es, en palabras de su líder, Indalecio Saucedo, “el principio de un movimiento que se viene con fuerza en todo el estado”. Las causas, aseguran, son años de abandono, abusos y una política de movilidad que no escucha, pero sí castiga.

En conferencia durante la movilización, Saucedo fue contundente al afirmar que los transportistas han sido sistemáticamente perjudicados por decisiones oficiales sin consulta ni diálogo. “Nosotros hemos soportado el alza y baja de los combustibles, las infracciones indebidas, los pagos excesivos… siempre somos los más golpeados por el sistema”, denunció.

El dirigente también acusó que la protesta, que se llevó a cabo de forma pacífica, fue deliberadamente obstaculizada por las autoridades, con retenes y actos que buscaron —según él— provocar una reacción violenta. “Nos están cerrando el paso, quieren que caigamos en un error para decir que somos agresivos, pero los únicos agresivos aquí son el gobierno y sus policías”, advirtió.

Saucedo reiteró que el movimiento no busca el caos, sino soluciones reales, y pidió directamente a la gobernadora Lorena Cuéllar que intervenga con voluntad política. “En los cuatro puntos cardinales del estado hay problemas con el transporte. Hoy fue la zona sur y el centro. Pero el norte y el oriente también se van a levantar. Esto apenas comienza”.

La protesta de este miércoles logró paralizar el servicio de transporte en varias regiones, afectando la movilidad de miles de ciudadanos. Aunque la Coordinadora lamentó el impacto, defendió la acción como una medida necesaria tras el reiterado desinterés institucional.

Además, Saucedo descartó que la movilización tuviera fines políticos, y cuestionó duramente el nuevo reglamento del transporte público, el cual —según dijo— impone más de 600 por ciento de obligaciones adicionales sin ofrecer viabilidad financiera a los concesionarios. “¿De dónde quieren que saquemos para cumplir? Si hubiera voluntad de modificarlo, las cosas podrían mejorar”.

Lo que las autoridades consideraron una amenaza vacía, hoy se volvió una realidad: el sur se quedó sin servicio. “Ya demostramos que no era una broma. Hoy paramos el estado. Y si no hay respuesta, volveremos a hacerlo”, concluyó.